Jácome, ante el juez por presuntas injurias graves al descalificar a un funcionario del Concello en las redes sociales

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha acudido este miércoles al Juzgado número 2 para declarar en calidad de investigado tras la querella de un funcionario del Concello, que lo acusa de injurias y calumnias, así como también de un delito de revelación de secretos por consultar sus datos privados en la base del Concello y un delito contra la integridad moral.

El único que ha querido hablar tras las declaraciones del alcalde ha sido el abogado del denunciante, Benjamín Mayo, que explicó que Gonzalo Pérez Jácome solo quiso contestar a las preguntas de la jueza y de su abogado, pero no a las de la acusación particular por lo que, explica el abogado de la acusación, no pudieron preguntarle nada.

"Confirmó que había sido el autor de la publicación (por la que se le acusa de los anteriores delitos) en Facebook y en Twitter", confirmó el abogado de la acusación. Mayo comentó al ser preguntado por la justificación que el alcalde dio sobre esas publicaciones, respondió que "como máximo responsable del Ayuntamiento él tiene acceso a todos los datos de los trabajadores".

Discrepancias con la versión del alcalde

El abogado de la acusación continuó explicando que el alcalde, pese a lo que se dice en la publicación, sostuvo que era una crítica como representante sindical, aunque en la publicación mencionada se habla textualmente de "trabajador del Concello".

También se le preguntó a Benjamín Mayo si el alcalde puede tener acceso al registro de los trabajadores, a lo que se limitó a contestar que "según el alcalde, sí". Pero en cuanto a la legalidad de la publicación de esos datos, el abogado dejó en el aire esa respuesta, contestando que "será objeto de decisión judicial".

Este miércoles el alcalde solo ha declarado por el delito de injurias graves con publicidad, pero está pendiente de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la acusación porque, según explica, "entendemos que se han cometido otros dos delitos, revelación de secretos y delito contra la integridad moral". En esta primera sesión, la jueza ha desestimado el recurso de reforma e indicó el abogado de la acusación que está pendiente de que resuelva la Audiencia.

Pese a que la denuncia comprende tres delitos, injurias graves con publicidad, revelación secretos y delito contra la integridad moral, la magistrada admitió la querella porque "entiende que hay base para instruir la causa por injurias graves con publicidad, no obstante desestimó la solicitud de que se admitiese la querella por los otros dos delitos. Como no estamos conformes hemos recurrido la reforma y subsidiariamente la acusación".

La documentación

Benjamín Mayo añade que, junto con la querella, han presentado toda la documentación acreditativa para ilustrar los delitos por los que presentaron la querella contra el alcalde de Ourense. Al ser preguntado sobre la veracidad de las declaraciones del querellado, segura que "viene a confirmar los extremos de la querella, aunque esa es la opinión del letrado de la acusación particular".

Parte de la querella de la acusación recae sobre el uso de una fotografía del perfil de Facebook del querellante, lo cual, en palabras del abogado de la acusación "nos ha extrañado". "Se puede hacer una publicación porque muestres disconformidad con la política de un trabajador del Concello pero, ¿es admisible que utilices la foto de del perfil tuyo para a la foto añadir un comentario despectivo que supusieron 500 publicaciones contra su integridad?".

Lo retiró, pero "el daño ya está hecho"

La publicación fue retirada de sus redes sociales tras dos meses en la red, según indicó el querellado, aunque esto no debería suponer un atenuante al entender del abogado de la acusación. "El daño ya está hecho". El trabajador del Concello al que el alcalde acusó públicamente de no utilizar el sistema de fichaje de los empleados se encontraba de baja en el período en el que el alcalde denunció públicamente esos comportamientos. El querellado aseguró no saber que ese empleado estaba de baja, sino que se lo había comunicado después.

"Yo creo que cuando a alguien le insinúan que es un vago, que no cumple con su trabajo, a cualquiera de nosotros, nos afectaría y gravemente", afirmaba el abogado del querellante que no quiso poner el foco en la posible indemnización y sí en la gravedad de los posibles delitos. "No se puede permitir que el máximo representante de un ayuntamiento dirija comentarios y publique expresiones de tal carácter", en referencia a las publicaciones en las que Jácome reconoció llamar "elemento" al empleado público.