El gobierno de Jácome, condenado a pagar 815.000 euros al servicio de limpieza de Ourense

El juzgado del Contencioso Administrativo nº2 de Ourense ha condenado al Concello de Ourense a abonar 815.424,89 euros a la empresa Ecourense UTE, que se ocupa de la gestión de basuras en la ciudad con un contrato en precario, estimando así una reclamación de la empresa por un encarecimiento del servicio que llevaba 16 meses sin ser satisfecho, y que el consistorio encabezado por Gonzalo Pérez Jácome había desestimado mediante el silencio administrativo.

El contrato para la gestión de residuos sólidos urbanos caducó en abril de 2022 tras prestarse durante una década con contrato. Pese a las reiteradas ocasiones en las que Ecourense transmitió al gobierno municipal que quería cesar de prestar el servicio, mantuvo la recogida de basuras “reconociendo el carácter esencial de la prestación del servicio y basándose en el principio de continuidad de los servicios públicos”, según recoge la sentencia del tribunal ourensano. Durante el mismo periodo de tiempo, el Concello siguió abonando los pagos “conforme a los términos del contrato ya expirado, lo que daba a entender una prórroga tácita”.

La empresa lleva 16 meses reclamando que los pagos se ajusten al coste real del servicio, ante el silencio administrativo

Una situación que se agravó en julio de 2023, cuando el consistorio emitió un informe jurídico donde afirmaba que el contrato seguía en vigor vía prórroga, y la concesionaria solo tenía derecho “a la revisión de precios estipulada en el contrato”, siempre según la resolución del órgano judicial. Las alegaciones presentadas entonces por la concesionaria volvieron a encontrarse con el silencio administrativo, motivo por el cual la empresa recurrió a la vía judicial considerando que el importe percibido entre enero y abril de 2023 (algo más de 2,6 millones de euros) no reflejaba los costes totales de la recogida de basura, que estimaba por encima de los 3,4 millones.

La resolución judicial no solo da la razón a la empresa concesionaria, sino que obliga al Concello a hacerse cargo de las costas judiciales, valoradas en 700 euros más, y pagar los intereses. Contra esta sentencia cabe establecer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A esta resolución podrían seguir otras reclamaciones de distintas concesionarias que pueden llegar a los 25 millones, según las estimaciones del Órgano de Xestión Tributaria del Concello.