El Concello de Ourense pidió a la Jefatura provincial de Tráfico que legalice, o bien retire, sus cámaras de videovigilancia instaladas por la empresa Eulen Seguridad sin la correspondiente autorización municipal, ya que pueden captar imágenes de las viviendas cercanas al recinto.
El Concello de Ourense ha pedido a la Jefatura provincial de Tráfico y a la empresa Eulen Seguridad que en un plazo de tres meses legalicen sus cámaras de vídeo instaladas sin la correspondiente autorización municipal o bien que las retiren, según informó Renato Núñez, portavoz del Movemento polo Dereitos Civís (MpDC).
Núñez aclaró que en abril del 2008 denunciaron la instalación irregular de las citadas cámaras de videovigilancia en la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que por la manera en que están colocadas pueden captar imágenes de las personas que entran y salen de las viviendas cercanas.
La Subdelegación del Gobierno en Ourense respondió en un escrito a la citada asociación que las cámaras cumplen la estricta y exclusiva finalidad de detectar intrusiones en los locales desde el exterior, accesibles para el que quiera producir daños por vandalismo. Sin embargo, el Concello afirmó en agosto pasado en una carta enviada a la asociación que las cámaras instaladas no tienen autorización municipal por lo que la Jefatura y la empresa tienen un plazo de tres meses para cumplir ese trámite o bien retirarlas.
Núñez aclaró que en abril del 2008 denunciaron la instalación irregular de las citadas cámaras de videovigilancia en la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que por la manera en que están colocadas pueden captar imágenes de las personas que entran y salen de las viviendas cercanas.
La Subdelegación del Gobierno en Ourense respondió en un escrito a la citada asociación que las cámaras cumplen la estricta y exclusiva finalidad de detectar intrusiones en los locales desde el exterior, accesibles para el que quiera producir daños por vandalismo. Sin embargo, el Concello afirmó en agosto pasado en una carta enviada a la asociación que las cámaras instaladas no tienen autorización municipal por lo que la Jefatura y la empresa tienen un plazo de tres meses para cumplir ese trámite o bien retirarlas.
