Negarse a reconocer los derechos de las prostitutas en función de posiciones ideológicas es una idea fundamentalista inaceptable en una sociedad democrática y ya no se puede posponer por más tiempo su reconocimiento, según la psicóloga y presidenta del Colectivo Hetaira, Cristina Garaizábal. Las mujeres que ejercen esta actividad en España están sometidas a la arbitrariedad, injusticia, discriminación y abusos directos de los poderes públicos, funcionarios policiales y vecinos. Estas fueron algunas de las afirmaciones que realizó en la conferencia que dio en el Foro La Región.
La prostitución tal y como existe en España es una realidad compleja, llena de claroscuros y se mueve en la alegalidad. Como consecuencia, las mujeres que la ejercen están sometidas a la arbitrariedad, injusticia, discriminación y abusos directos de los poderes públicos, funcionarios poli ciales (como el caso de Coslada), y de los vecinos. La psicóloga clínica y presidenta del Colectivo Hetaira, Cristina Garaizábal, comenzó así la conferencia ¿Es la prostitución un derecho? que impartió en el Foro La Región.
Garaizábal defendió esta actividad siempre y cuando sea voluntaria y entre adultos. Las trabajadoras del sexo son sujetos de derechos y su actividad no debería suponer un recorte en sus derechos. En esta línea, aseveró que la mayoría de las prostitutas quieren seguir dedicándose a ello, pero con unas mejores condiciones. Por eso sostuvo que ya no se puede posponer por más tiempo el reconocimiento de los derechos sociales, laborales y de ciudadanos de este colectivo y reivindicó su reconocimiento como un trabajo completamente legítimo.
A su juicio, la dignidad del trabajo es independiente del tipo de profesión que se ejerza y las trabajadoras sexuales son personas dignas y con capacidad de decisión. Así, señaló que el 95% de las prostitutas que trabajan en la calle son inmigrantes y la mayoría lo hacen por decisión propia. Tienen la opción de otros trabajos, como el servicio doméstico, pero optan por éste porque aquél no les sale a cuenta, pues limpiando en una casa se sienten esclavizadas por una miseria que les pagan. Sin embargo, ven en la prostitución más libertad, autonomía y dinero.
La psicóloga clínica concluyó su conferencia asegurando que negarse a reconocer los derechos de las prostitutas en función de posiciones ideológicas es una idea fundamentalista inaceptable en una sociedad democrática.
Garaizábal defendió esta actividad siempre y cuando sea voluntaria y entre adultos. Las trabajadoras del sexo son sujetos de derechos y su actividad no debería suponer un recorte en sus derechos. En esta línea, aseveró que la mayoría de las prostitutas quieren seguir dedicándose a ello, pero con unas mejores condiciones. Por eso sostuvo que ya no se puede posponer por más tiempo el reconocimiento de los derechos sociales, laborales y de ciudadanos de este colectivo y reivindicó su reconocimiento como un trabajo completamente legítimo.
A su juicio, la dignidad del trabajo es independiente del tipo de profesión que se ejerza y las trabajadoras sexuales son personas dignas y con capacidad de decisión. Así, señaló que el 95% de las prostitutas que trabajan en la calle son inmigrantes y la mayoría lo hacen por decisión propia. Tienen la opción de otros trabajos, como el servicio doméstico, pero optan por éste porque aquél no les sale a cuenta, pues limpiando en una casa se sienten esclavizadas por una miseria que les pagan. Sin embargo, ven en la prostitución más libertad, autonomía y dinero.
La psicóloga clínica concluyó su conferencia asegurando que negarse a reconocer los derechos de las prostitutas en función de posiciones ideológicas es una idea fundamentalista inaceptable en una sociedad democrática.
