El vandalismo contra la Torre de Sandiás, ocurrido esta semana, pone el foco en el incremento de los daños contra el patrimonio cultural. Una grave situación que se pone de manifiesto en otros lugares de la provincia: el Monasterio de Celanova, el Convento de Santa Clara de Allariz o las inmediaciones de la Iglesia de Santa Mariña, en Xinzo, son algunos ejemplos.
Desde de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego aseguran que falta conciencia y autoridad para luchar contra esta situación. En la Diócesis de Ourense añaden que la educación también brilla por su ausencia en estos casos: “Como decía el Papa Benedicto, estamos en una emergencia educativa. Recuerdo las pintadas que había en la fachada norte de la catedral hace no muchos años. Se han quitado, pero todo eso daña la piedra”, lamenta Luis Manuel Cuña, delegado de Patrimonio de la Diócesis.
Con respecto a lo anterior, desde Apatrigal apuntan que eliminar cualquier tipo de pintada requiere de un importante desembolso económico que, en la mayoría de los casos, costeamos entre todos. “Cando se trata de BIC hai que actuar con métodos sofisticados que apenas deixen a pegada: Un é o láser e outro a proxección de microesferas de goma”, explica Carlos Henrique Fernández, presidente de Apatrigal. “Eliminar a pintada de Sandiás non creo que baixe dos 7.000 ou 8.000 euros”, añade.
Recrudecimiento
Desde esta asociación observan con preocupación el recrudecimiento del vandalismo: “Vemos un pequeno incremento. Moitas veces está vencellado a resaltar o ego das persoas que o fan. Esto agrávase polas redes sociais”, explica Fernández. “Falta autoridade e apoio de todas as institucións, incluso as xudiciais, para combater o vandalismo contra o patrimonio”, añade. Dar con el autor o autores de esta clase de actos no siempre es fácil, y la existencia de cámaras es fundamental para lograrlo. En este sentido, según la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, este tipo de acciones pueden llegar a tener la cualificación de “infracción grave” con sanciones económicas que van desde los 6.000 a los 150.000 euros.
Tras lo ocurrido en Sandiás, desde la Consellería de Cultura aseguraron que “este tipo de actos son contrarios aos valores cívicos e ao respeto co legado cultural que herdamos e que temos o deber de preservar”. Por este motivo, solicitan que “as autoridades competentes, neste caso os concellos, deben actuar con determinación e con prudencia para protexer o noso legado”.
