El fondo del edificio número 36 de la avenida de As Caldas, en A Ponte, tiene ya los días contados. En cumplimiento de un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el próximo 1 de mayo deberá estar cortado el suministro de luz, agua y gas. Dos meses después, el 1 de julio, tendrá que estar consumada la demolición parcial del inmueble, que incumplía la normativa en lo que respecta al patio de luces que forma con el edificio número 37 de la avenida de Marín.
Según explicaba ayer la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, los vecinos del inmueble -de seis plantas con dos viviendas cada una- estarán fuera de sus casas durante un periodo estimado de un año, lo que durará el derribo y la posterior reconstrucción. Así se lo comunicaron también ayer dos técnicos municipales a los vecinos, a los que advirtieron que a finales del próximo mes tendrán que estar reubicados.
En este sentido, el Concello busca una docena de pisos para ofrecerles realojo a los afectados, a los que pagará el alquiler. Entre ellos se encuentra el bar Mesa Redonda, ubicado en el bajo. 'El local quedará inservible, ya que le tienen que quitar seis metros de fondo', dice su responsable, que se lamenta porque alquiló el bar 'hace dos meses y lo reformé por completo, con toda la ilusión y ahora me encuentro con esto'. Peor es todavía 'la gente que lleva viviendo aquí 20 años y se tiene que ir, por uno o dos'. En todo caso, los vecinos consultados prefirieron ayer no hacer declaraciones pero ya han puesto el caso en manos de un abogado que se encuentra estudiando la situación.
Además de preparar el desalojo y la ubicación temporal de los vecinos, el Concello realizará entre marzo y abril los peritajes de los tres inmuebles colindantes de cara a posibles reclamaciones tras la obra de demolición, de gran complejidad debido al escaso espacio que hay en el interior de la manzana. A partir de ahí será cuando se liciten los trabajos de derribo, que tendrán un coste de 443.000 euros.
Aunque se trata de una licencia que en su día fue mal concedida por el Concello, Áurea Soto explicaba ayer que la intención es repercutir los costes al promotor original, puesto que 'vendeu uns pisos cunha superficie maior á que vai quedar, e polo tanto, obtivo un beneficio superior'.
LA PRIMERA SENTENCIA SE REMONTA A 1992
Fue en noviembre de 1992 cuando el Tribunal Superior de Xustiza dictó la primera sentencia de demolición parcial del edificio. Los intentos del Concello de que la Justicia avalase la inejecutabilidad de la resolución debido a la complicación de realizar el derribo no prosperaron y el pasado 5 de marzo fue cuando se produjo el último auto instando al corte de suministros.
El inmueble obtuvo licencia en 1987, con los informes favorables del asesor jurídico a pesar de que los demás informes técnicos eran negativos.
En este sentido, el Concello busca una docena de pisos para ofrecerles realojo a los afectados, a los que pagará el alquiler. Entre ellos se encuentra el bar Mesa Redonda, ubicado en el bajo. 'El local quedará inservible, ya que le tienen que quitar seis metros de fondo', dice su responsable, que se lamenta porque alquiló el bar 'hace dos meses y lo reformé por completo, con toda la ilusión y ahora me encuentro con esto'. Peor es todavía 'la gente que lleva viviendo aquí 20 años y se tiene que ir, por uno o dos'. En todo caso, los vecinos consultados prefirieron ayer no hacer declaraciones pero ya han puesto el caso en manos de un abogado que se encuentra estudiando la situación.
Además de preparar el desalojo y la ubicación temporal de los vecinos, el Concello realizará entre marzo y abril los peritajes de los tres inmuebles colindantes de cara a posibles reclamaciones tras la obra de demolición, de gran complejidad debido al escaso espacio que hay en el interior de la manzana. A partir de ahí será cuando se liciten los trabajos de derribo, que tendrán un coste de 443.000 euros.
Aunque se trata de una licencia que en su día fue mal concedida por el Concello, Áurea Soto explicaba ayer que la intención es repercutir los costes al promotor original, puesto que 'vendeu uns pisos cunha superficie maior á que vai quedar, e polo tanto, obtivo un beneficio superior'.
LA PRIMERA SENTENCIA SE REMONTA A 1992
Fue en noviembre de 1992 cuando el Tribunal Superior de Xustiza dictó la primera sentencia de demolición parcial del edificio. Los intentos del Concello de que la Justicia avalase la inejecutabilidad de la resolución debido a la complicación de realizar el derribo no prosperaron y el pasado 5 de marzo fue cuando se produjo el último auto instando al corte de suministros.
El inmueble obtuvo licencia en 1987, con los informes favorables del asesor jurídico a pesar de que los demás informes técnicos eran negativos.
