Diez millones de euros bloqueados en Ourense por la huelga de letrados judiciales

A la concentración del viernes de los letrados judiciales de servicios mínimos se sumaron dos representantes del Ministerio Público, entre las que estaba la fiscal jefa, Eva Regueiro (izquierda, sin toga).
photo_camera A la concentración del viernes de los letrados judiciales de servicios mínimos se sumaron dos representantes del Ministerio Público, entre las que estaba la fiscal jefa, Eva Regueiro (izquierda, sin toga).
La huelga de letrados judiciales entra en su tercera semana con 4.501 juicios y asuntos paralizados en la provincia de Ourense

Las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales nunca tuvieron tanto saldo. En ellas se reflejan las entradas y salidas del dinero de un terminado expediente judicial, pero desde la huelga de los letrados de la administración de justicia, que comenzó el 24 de enero y está paralizando los juzgados y tribunales de toda España, no sale efectivo. Ni un euro.

Ahora mismo, según los datos recabados ayer, el saldo de todos los órganos judiciales de la provincia, incluida la Audiencia provincial, asciende a un  total de 9.693.845,22 euros. Están retenidas las cuantías destinadas a pensiones alimenticias (las del juzgado de Familia no les afecta porque ahí no se secunda la huelga); indemnizaciones, cobros de acreedores por embargos o incluso el dinero que el Estado ingresa por condenas que llevan aparejadas multas. O el que recauda en caso de sanciones de tráfico que se recurren en los juzgados contencioso-administrativos.

El manejo del dinero “es una de las muchas competencias de este colectivo, una función que entraña mucha responsabilidad (de hecho contratamos un seguro para estar cubiertos en caso de errores) y que tiene una importante repercusión no solo en la ciudadanía sino también en el Tesoro y la economía en general”, valora Cristina Villar, la letrada del decanato del partido judicial de Ourense e Instrucción 1.

La protesta de los letrados judiciales para que el Ministerio de Justicia  mejore sus retribuciones tras la asunción de nuevos cometidos desde 2009  no solo tiene repercusiones económicas.  Impide la celebración de cientos de juicios y declaraciones así como la tramitación de  todo lo que le llega al decanato, ya sean asuntos antiguos o nuevos. Todobpasa por el decanato: entre el  24 de enero y el 3 de febrero, 4.081 escritos  a procedimientos ya incoados y 992 demandas o denuncias de nuevo cuño.

En cuanto a lo que ya está en la oficina judicial, en ese mismo periodo, se suspendieron 605 actuaciones (juicios, declaraciones); además de 981 asuntos que fueron turnados por el decanto, pero están sin incoar (recepcionar) y 2.912 resoluciones pendientes de  la firma de los funcionarios en huelga.

A todo lo anterior, hay más actuaciones paralizadas porque no entran dentro de los servicios mínimos: peticiones de material, administradores concursales sin aceptar el cargo, tasaciones de costas sin realizar, subastas paralizadas, recursos de apelación sin trasladar a la Audiencia o el TSXG. 

La movilización entra en su tercera semana y las consecuencias las padecen otros colectivos como abogados y procuradores. El Consello da Avogacía Galega instó hace unos días a las partes a retomar las negociaciones (la ministra está desaparecida) y el diálogo con urgencia.  Galicia acusa especialmente las consecuencias porque la “comunidad lleva más de cinco años sin normalidad jurídica debido a la huelga de funcionarios del año 2018 y a la pandemia.

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