El primer pleno de este tipo en la institución deja un margen limitado al consenso por la diferencia de los decálogos planteados
El primer debate sobre el estado de la provincia será, de momento, único en Galicia, pero también una sesión singular, con invitados entre los representantes de múltiples instituciones y empresas; pero, sobre todo, con las más variadas propuestas de acuerdo, de difícil consenso en muchos casos -porque el decálogo de socialistas y nacionalistas está en las antípodas del que defiende el PP, sobre todo cuando se trata de corrupción o de la privatización de servicios- pero coincidentes a la hora de destinar fondos de ayuda a la reactivación empresarial o al sector del vino, de ahí que estén invitados al pleno empresas agroalimentarias como Coren o Cuevas y las denominaciones de origen vitivinícola, entre otras.
De todo ello se debatirá en una sesión que comenzará a las 11 de la mañana y se prolongará, sin duda, hasta pasadas las dos y media de la tarde, a través de un manejo diferente de los tiempos y de las intervenciones y que incluye un receso para intentar alcanzar algunos puntos de consenso.
El decálogo más "radical" es, sin duda, el de los dos diputados que componen el grupo del BNG, que precisamente envió al gobierno provincial su decálogo con la prohibición inicial de hacerlo llegar a los medios de comunicación aunque después fue ese mismo grupo el que lo remitió a la prensa. Díficil será que salgan adelante la mayoría de sus propuestas puesto que comienza, como punto primero y básico, con la propuesta de que se modifique la Constitución española para suprimir administrativamente las provincias y las diputaciones; precisamente, el PP, con una mayoría absoluta de 15 diputados, apuesta, también en su primer punto por lo contrario, la elección directa de los diputados, en una urna anexa a la de las elecciones locales.
Mientras no se produce eso, quieren que, de forma transitoria, la Diputación obligue a los gestores del caso depuradoras a pagar con sus bienes la devolución del dinero a la UE, si finalmente hay que hacerlo; la recuperación de la Finca Santamarina o la renegociación del canon de concesión del aparcamiento del CHUO, tres medidas que, con toda seguridad, rechazará el PP, igual que la del Inorde, que los nacionalistas quieren suprimir.
Podrá haber más puntos de acuerdo entre socialistas (con ocho diputados) y populares, porque ambos hacen hincapié en la potenciación del sector vinícola y agrario en general, aunque los socialistas detallan incluso partidas presupuestarias para la reactivación empresarial. El PP, mientras, destaca la promoción de turismo ligado al Camino de Santiago, y la vuelta a la Fundación Feiras e Exposicións y a la gestión, con la comarca de Trives, en la estación de montaña de Manzaneda.
La transparencia la mencionan ambos, pero con objetivos diferentes. El PP quiere un portal que ayude a los concellos a cumplir con ella, mientras los socialistas van directos hacia las cuentas de la propia Diputación, con un información puntual del estado de gastos e ingresos y de la relación con proveedores.
PSOE y BNG quieren desprenderse de servicios impropios (granjas, por ejemplo), una cuestión a la que no hace referencia el PP, como tampoco a la mejora de las carreteras provinciales, al considerar que ya la ejerce a través de los planes de obras. Propone, eso sí, varias medidas de agilización administrativa a través de las nuevas tecnologías, como la factura electrónica.
