La Fiscalía de Ourense acordó en la mañana de ayer la apertura de diligencias de investigación contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para comprobar si concurren los hasta ocho posibles delitos que contempla el PSOE en su denuncia: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, financiación ilegal, falsedad documental, suplantación de identidad o coacción a los trabajadores. Todo ello, a raíz de los audios del alcalde de Ourense desvelados por La Región estos últimos días que lo vinculan con prácticas corruptas, mediante presunta gestión de dinero negro, blanqueo de capitales y sobornos, además de la multa a su coche en Vigo, en el que identificó a un profesor de la Escola Municipal de Música y miembro de la lista electoral de Democracia Ourensana, Rafael Martínez Cachafeiro.
Esta situación se produce tras la denuncia ante Fiscalía presentada por el PSOE de Ourense este último martes. Por su parte el BNG acudió ayer a presentar otro escrito ante la Fiscalía General del Estado ampliando sus primeras acusaciones el pasado sábado. El órgano que preside Álvaro García Ortiz trasladará a Ourense esa denuncia, según confirmaron ayer fuentes judiciales.
Al mismo tiempo, el ministerio público ha pedido con carácter urgente a todos los juzgados ourensanos que informen si tramitan alguna denuncia por estos mismos hechos, en cuyo caso no podría iniciar una investigación al estar el asunto ya judicializado. En este sentido, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, Eva Armesto, incoó diligencias después de recibir la denuncia del BNG contra el alcalde el pasado sábado -fue el primer partido que acudió a la Justicia-, por un presunto delito de falsedad documental, relacionado con la multa al coche oficial de Alcaldía en septiembre de 2022 en Vigo, y tras los audios en los que se escuchaba al regidor intentando convencer a dos trabajadores municipales de que se identificasen como conductores.
No obstante, la magistrada todavía no admitió a trámite el caso, porque al no ser el BNG perjudicado directo debe presentar una querella y la correspondiente fianza para así poder intervenir como acusador popular, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La juez emitió un auto en el que requiere a la formación nacionalista para que presente dicha querella y fija la fianza en 2.000 euros. En caso de no hacerlo, la denuncia sería inadmitida a trámite, pero fuentes del BNG confirmaron ayer que su departamento jurídico está trabajando en ello para continuar adelante.
Por su parte, el PP anunció que presentará hoy una denuncia en el juzgado de guardia.
El PSOE valoró ayer positivamente la “inmediatez” de la Justicia para investigar los posibles delitos cometidos por Jácome. “Ata aquí chegou a política, agora é a Xustiza a que debe actuar e máis despois da falta de explicacións por parte do alcalde”, señaló la secretaria xeral del partido en Ourense, Natalia González, que añadió que la disponibilidad de colaboración de los socialistas con la Fiscalía es “absoluta” y que “urxe reparar o dano que están sufrindo a cidade e o Concello”.
