Al alcalde de la tercera ciudad de Galicia, Gonzalo Pérez Jácome, se le acumulan las investigaciones judiciales. A la denuncia del exasesor Bruno Blanco Tourón y del exvicepresidente de DO, Manuel Álvarez, por malversación de caudales públicos que se sigue en Instrucción 3 contra el mandatario local, un caso en el que el ministerio público no veía delito y que está pendiente de lo que diga la Audiencia provincial, se une ahora una querella de la propia fiscalía, concretada en hechos parecidos: el supuesto uso ilegal del dinero canalizado a través del partido que fundó Jácome.
La Fiscalía de Ourense, tras una larga investigación que duró casi un año y que se inició a raíz de una denuncia anónima avalada con números y datos muy específicos, halló indicios delictivos por parte de Gonzalo Pérez Jácome en el uso del dinero público que recibió la formación política que lidera, Democracia Ourensana, entre 2015 y 2018, un periodo en el que estaba en la bancada de la oposición. En alusión al desvío irregular del dinero canalizado a través de las subvenciones destinadas por el Concello de Ourense al grupo municipal para sufragar gastos ordinarios. Pero el ministerio público entiende que ese dinero público no fue a parar al partido sino a fines particulares, es decir, hubo una apropiación indebida o administración desleal por parte de un cargo público.
Pasos
Por este motivo, remitió el pasado 7 de octubre al decanato una querella contra Jácome por malversación continuada de caudales públicos, solicitando su declaración como investigado (le fue turnada a Instrucción 2, que ya la admitió a trámite). Este grave delito contra la Administración pública contempla penas de prisión que pueden llegar hasta los ochos años de prisión (en los casos agravados, como parece ser este, en virtud del importe apropiado). En este caso, el ministerio público cifra la cantidad distraída en 99.713,86 euros.
El supuesto desvío irregular de fondos desde la cuenta de DO a su bolsillo (la fiscalía habla del cobro de cheques por parte del hoy alcalde) está documentado en el periodo 2015-2018. En 2015, DO recibió del Concello de Ourense un total de 33.468 euros mientras que en los siguientes tres, los fondos aumentaron a 48.600 por anualidad. Estas asignaciones se hicieron efectivas mediante transferencia bancaria una cuenta de DO en la que figura el propio Jácome como autorizado.
La investigación sustanciada tras la apertura de unas diligencias informativas por parte de la fiscal jefa, Eva Regueiro, acreditó que Jácome retiró, el 20 de febrero de 2016, 20.000 euros a través de un cheque nominativo. Posteriormente, el 14 de mayo de 2018 consignó otros 30.000 euros. Ese dinero no aparece reflejado en la contabilidad de DO.
Pero el delito de malversación también pone en la picota el uso torticero de Auria Televisión, el canal del que se ha valido para hacer campaña y de cuya licencia es titular. En los años 2015 y 2016, extendió cuatro cheques a la Unión de Televisiones Galegas SA, que gestiona las licencias de televisión. El dinero (en pagos de 4.669 euros, 4.669, 9.388 y 30.987, respectivamente) salió de la cuenta de DO.
En la denuncia no solo se detalla el modus operandi de Jácome para desviar fondos públicos sino que se pide al juez instructor que le cite en calidad de querellado, algo que, según el TSXG, por ahora no decidido. “Se ha acordado alguna diligencia de investigación, pero ninguna citación”, aseguran estas mismas fuentes.
Dos años de alcalde y varios frentes judiciales
Hace tiempo que los juzgados comenzaron a cercar a Jácome, que acostumbrado a jactarse de desviar el dinero para su televisión y de continuar haciéndolo, sacó pecho cuando la fiscalía archivó la denuncia anónima por malversación que le llegó en diciembre de 2020 por la supresión de los bolardos. El ministerio público admitía que la actuación del alcalde no se sujetaba al procedimiento, utilizando la vía de hecho, pero no existía advertencia o reparo por parte del secretario.
También cogió fuelle cuando Instrucción 3 archivó la denuncia del exasesor Bruno Blanco, a la que se había incorporado la denuncia en fiscalía de los críticos por donaciones forzosas al partido. Poco le duró la alegría ya que la jueza titular, Eva Armesto, reabrió el caso en julio tras un nuevo enfoque proeesal del denunciante, poniendo el acento en el destino del dinero donado al partido. En este caso, cuya reapertura fue recurrida por la fiscal ante la Audiencia al no ver delito, la instructora considera “que hay indicios racionales de un delito de malversación” por el uso irregular de los fondos de DO, llegando la magistrada a hablar de “confusión de patrimonio” , por lo que también opta por poner la denuncia en conocimiento del Tribunal de Cuentas.
