Nuevo giro a la surrealista situación política de la ciudad. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, Eva Armesto, ha dejado sin efecto el archivo provisional de la causa sobre presuntas irregularidades en las cuentas de Democracia Ourensana que ella misma había decretado a principios de enero, al considerar ahora, una vez entrado en el fondo del asunto, que hay indicios “razonables” de malversación de caudales públicos, atendiendo el recurso de reforma -que se interpone ante el mismo juzgado- del exasesor Bruno Blanco y el exvicepresidente de DO, Manuel Álvarez.
Esta decisión, que se produce apenas una semana después del regreso del PP al gobierno, pone contra las cuerdas el argumento de los populares, que habían regresado con Jácome esgrimiendo que ya no había sospechas sobre él al no haber ninguna causa abierta. Fue precisamente el estallido de este caso el pasado mes de septiembre el que desencadenó la crisis de gobierno, con el abandono en bloque del PP ante lo que entonces calificó de “graves acontecimientos” por las sospechas sobre irregularidades en la administración de los fondos de su socio de gobierno.
La magistrada acordó, al margen de la investigación, que se remita al Tribunal de Cuentas la copia de la denuncia y de las declaraciones practicadas durante la instrucción, así como la prueba documental relacionada con las donaciones efectuadas por los asesores y concejales a DO. La jueza ordenó también que Cuentas emita un informe de fiscalización de la actividad económico-financiera del partido entre el 3 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 y se examine la “sujeción al principio de legalidad” de estas donaciones, algunas de 1.000 euros al mes y en sobres, según el exasesor.
En el auto, contra el que cabe un recurso de apelación, la instructora considera que hay indicios “racionales” de una posible comisión de delito de malversación del artículo 432 del Código Penal y concordantes. Para ello destaca las declaraciones de los testigos, que relatan “salidas de dinero con destinos a cuentas personales del alcalde de Ourense” o la contratación de una persona “para realizar las mismas funciones para Concello, Diputación y Jolper”(la tienda de música que regenta Jácome).
La jueza había archivado el caso el pasado mes de enero, al entender que no quedaban acreditadas como forzosas las donaciones y eludiendo entrar en la presunta malversación, dejando esta pelota en el tejado del Tribunal de Cuentas, entendiendo que la vía penal no era la adecuada. Sin embargo, el recurso de reforma presentado por Bruno Blanco y Manuel Álvarez, representados por la abogada coruñesa Beatriz Seijo, cambió el planteamiento, centrando las “conductas criminales” de Jácome en la ausencia de justificación del destino y posterior desaparación del dinero que recibe, y no en si estas donaciones eran o no forzosas. Este recurso sí ha convencido a la jueza, que ha encontrado en el mismo, en el que se incluía nueva documentación, motivos para investigar.
“Confusión de patrimonios”
Uno de los asuntos relevantes es la “confusión de patrimonios” que resulta de la declaración de un exasesor y los requerimientos del Tribunal de Cuentas, así como la declaración de otro exasesor, que llegó a asegurar que el alcalde “le dijo que hay una deuda de Auria Televisión de 60.000 euros”. A todo esto, los indicios de malversación se ven incrementados, según la jueza, porque no hay rastro del dinero que sale de las cuentas de DO: “No resulta la justificación de los múltiples pagos efectuados, por cuanto contablemente se hacen constar cantidades cuya existencia no consta”.
Una larga travesía de 10 meses con el “honor” de Jácome siempre en entredicho
28 de agosto de 2020.
Cinco de los siete concejales de DO denuncian en Fiscalía irregularidades en la gestión económica del partido.
8 de septiembre de 2020.
Jácome cesa a Miguel Caride y Manuel Álvarez. Los ediles del PP renuncian en bloque a sus competencias. Las dos concejalas de DO, María del Mar Fernández y María Teresa Rodríguez, también renuncian.
10 septiembre de 2020.
Un exasesor, Bruno Blanco, denuncia que le exigía “donaciones forzosas” y que llegó a aportar más de 5.000 euros que iban a las cuentas personales del alcalde.
5 de enero de 2021.
El Juzgado de Instrucción número 3, encargado de la denuncia, decreta el sobreseimiento provisional.
3 de mayo de 2021.
El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, dice que “hay que devolverle el honor a Jácome” al no haber “dudas sobre su legalidad”.
2 de julio de 2021.
El PP confirma su regreso al gobierno, al lado de Jácome, 10 meses después de irse.
13 de julio de 2021.
La jueza investiga un delito de malversación de Jácome, delito de apropiación indebida en que pueden incurrir autoridades o funcionarios. En caso de avanzar la instrucción y acabar en condena podría acarrerar inhabilitación y pena de prisión.
