Flager y la Diputación volvieron a verse las caras ayer en un juzgado -el de Primera Instancia número 3 de la ciudad- por la venta de la Finca Santamarina.
La cita era, en realidad, una audiencia previa relacionada con la demanda presentada por la empresa en la que reclama a la institución provincial los 7.037.927 euros que tuvo que pagar a los reversionistas de la finca o, subsidiariamente, 5.399.753 euros. Ésta última cantidad es la diferencia entre los 8,4 millones que Flager abonó a la Diputación cuando compró la parcela y la cantidad que, según una sentencia de la Audiencia provincial, hubiera costado la finca en el caso de que se acordara la reversión en el momento de la compra de la finca (casi tres millones de euros).
No obstante, la audiencia previa quedó aplazada hasta el próximo 21 de mayo 'a efectos de aportar una documental que no había sido incorporada', explicó el letrado de la Diputación, José Galindo. Tanto él como el abogado de Flager, Felipe Izquierdo, entienden este plazo como un tiempo en el que ambas entidades tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso, si bien el primero decía desconocer si la Diputación prevé negociar para llegar a esta solución amistosa. De no hacerlo, o no llegar a un acuerdo, ambas partes volverían a verse las caras el 21 de mayo en el juzgado para que sea la jueza la que finalmente decida si tiene cabida esta reclamación económica.
La resolución de esta petición de cantidad acumula cierto retraso, puesto que Flager la había presentado inicialmente en la vía contencioso administrativa y en el Tribunal Superior de Xustiza. No obstante, los propios tribunales decidieron que se trataba de una reclamación que debía dirimirse en la vía civil.
No obstante, la audiencia previa quedó aplazada hasta el próximo 21 de mayo 'a efectos de aportar una documental que no había sido incorporada', explicó el letrado de la Diputación, José Galindo. Tanto él como el abogado de Flager, Felipe Izquierdo, entienden este plazo como un tiempo en el que ambas entidades tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso, si bien el primero decía desconocer si la Diputación prevé negociar para llegar a esta solución amistosa. De no hacerlo, o no llegar a un acuerdo, ambas partes volverían a verse las caras el 21 de mayo en el juzgado para que sea la jueza la que finalmente decida si tiene cabida esta reclamación económica.
La resolución de esta petición de cantidad acumula cierto retraso, puesto que Flager la había presentado inicialmente en la vía contencioso administrativa y en el Tribunal Superior de Xustiza. No obstante, los propios tribunales decidieron que se trataba de una reclamación que debía dirimirse en la vía civil.
