Los representantes de los procuradores y de los funcionarios de Justicia se reunieron ayer y acordaron, de forma conjunta, solicitar a la Secretaría de Coordinación provincial de Ourense la realización de un protocolo de actuaciones para evitar malentendidos como el surgido recientemente entre estos dos colectivos.
La junta de gobierno del Colegio de Procuradores y la junta de personal de funcionarios de la administración de Justicia mantuvieron ayer una reunión después de la queja presentada por la primera ante Xustiza sobre la atención que recibía de tres trabajadores de dos juzgados ourensanos.
A raíz del encuentro, ambos colectivos convinieron en solicitar de forma conjunta a la Secretaría de Coordinación provincial la elaboración de un protocolo de actuaciones en relación al examen y conocimiento de las actuaciones judiciales por los profesionales de la Justicia (tanto procuradores como abogados, peritos, etcétera). De esta forma, se pretenden evitar malentendidos como el surgido recientemente entre estos dos colectivos, aseguran en un comunicado conjunto, además de redundar en beneficio de la mejor atención al ciudadano y de la buena marcha de la administración de Justicia.
La realización de un protocolo de actuaciones como el solicitado tendría como objetivo establecer algo parecido a unas reglas del juego para la actividad diaria, como los criterios para pedir un expediente, la antelación con la que se debe hacer, los plazos y otros aspectos del quehacer de los juzgados. La propuesta que realizan ahora funcionarios y procuradores ya se llevó a cabo en otros lugares, como Pontevedra.
LA PROPUESTA
Con la idea de evitar más desencuentros La solicitud de los funcionarios de Justicia y los procuradores habrá de ser analizada por la Secretaría de Coordinación provincial, que será la encargada de decidir si finalmente lleva a cabo la propuesta. Un protocolo de actuaciones definiría cómo se realizarían las distintas labores de los profesionales de Justicia a la hora de examinar y conocer las actuaciones judiciales, estableciendo una serie de normas que, por ejemplo, podrían evitar lo que los funcionarios denominaban la pasada semana como interrupciones.
Ambos colectivos consideran que el establecimiento de estas normas evitará futuros desencuentros como el mantenido la semana pasada a raíz de la queja formulada por el Colegio de Procuradores sobre tres funcionarios que ahora podría ser retirada. En la actualidad hay acuerdos puntuales como que no se notifiquen asuntos en las vísperas de Navidad o en Semana Santa.
A raíz del encuentro, ambos colectivos convinieron en solicitar de forma conjunta a la Secretaría de Coordinación provincial la elaboración de un protocolo de actuaciones en relación al examen y conocimiento de las actuaciones judiciales por los profesionales de la Justicia (tanto procuradores como abogados, peritos, etcétera). De esta forma, se pretenden evitar malentendidos como el surgido recientemente entre estos dos colectivos, aseguran en un comunicado conjunto, además de redundar en beneficio de la mejor atención al ciudadano y de la buena marcha de la administración de Justicia.
La realización de un protocolo de actuaciones como el solicitado tendría como objetivo establecer algo parecido a unas reglas del juego para la actividad diaria, como los criterios para pedir un expediente, la antelación con la que se debe hacer, los plazos y otros aspectos del quehacer de los juzgados. La propuesta que realizan ahora funcionarios y procuradores ya se llevó a cabo en otros lugares, como Pontevedra.
LA PROPUESTA
Con la idea de evitar más desencuentros La solicitud de los funcionarios de Justicia y los procuradores habrá de ser analizada por la Secretaría de Coordinación provincial, que será la encargada de decidir si finalmente lleva a cabo la propuesta. Un protocolo de actuaciones definiría cómo se realizarían las distintas labores de los profesionales de Justicia a la hora de examinar y conocer las actuaciones judiciales, estableciendo una serie de normas que, por ejemplo, podrían evitar lo que los funcionarios denominaban la pasada semana como interrupciones.
Ambos colectivos consideran que el establecimiento de estas normas evitará futuros desencuentros como el mantenido la semana pasada a raíz de la queja formulada por el Colegio de Procuradores sobre tres funcionarios que ahora podría ser retirada. En la actualidad hay acuerdos puntuales como que no se notifiquen asuntos en las vísperas de Navidad o en Semana Santa.
