El Ministerio de Hacienda ha vuelto a bloquear en febrero, por tercer mes consecutivo, las entregas a cuenta al Concello de Ourense, es decir, los fondos de financiación local que le corresponden basada en su población, ya que el gobierno local no ha conseguido todavía subsanar los errores y entregar toda la documentación por la que le fueron suspendidas. Ourense se convierte también, por tercer mes consecutivo, en la única ciudad de España en esta situación.
Las retenciones a cuenta fueron realizadas por incumplir el gobierno dirigido por Gonzalo Pérez Jácome las condiciones impuestas por los Presupuestos Generales del Estado, que obligaban a haber entregado antes del pasado mes de septiembre las líneas de actuación del siguiente ejercicio presupuestario. Como quiera que todavía no ha subsanado la situación, la errática gestión económica sigue poniendo en jaque las cuentas del Concello, ya que un tercio de su presupuesto (36 millones de euros) se nutre precisamente de esos fondos que cede el Estado por el reparto de tributos.
Por el momento, el Estado ya ha retenido a Ourense la cesión de su parte de participación en los tributos estatales durante tres meses, los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, y ahora también febrero de 2023. En total, Hacienda mantiene ya 8,44 millones de euros congelados a Ourense. El Estado retuvo los 2,34 millones de diciembre de 2022 (esa era la cuota mensual que le correspondía el año pasado) y los 3,01 millones correspondientes tanto en enero como en febrero de 2023.
Además, a no ser que presente unas líneas presupuestarias antes del fin del mandato -o la prórroga de los anteriores, como es el caso, al estar en minoría- los fondos permanecerán bloqueados hasta septiembre, acumulando para entonces más de 30 millones retenidos (a un ritmo de 3,01 millones mensuales que debería estar recibiendo)
La retención de fondos se realiza en referencia al artículo 36 de la ley 2/2011 de Economía Sostenible por haber incumplido “la obligación de remisión de las líneas fundamentales de los presupuestos del ejercicio 2023”.
La información sobre las líneas fundamentales del presupuesto debería haberse remitido antes del 15 de septiembre de 2022. Al no haberlas facilitado (única ciudad española incumplidora), la ley impone retener las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado a partir del mes de diciembre y hasta “la presentación de los presupuestos del siguiente ejercicio”. En caso contrario, se prolonga automáticamente hasta septiembre.
Jácome prometió hace tres semanas que se resolvería en cuestión de “días”
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, aseguró el pasado 9 de febrero que la solución a retención de fondos de diciembre y enero era cuestión de días tras un problema entre dos técnicos, y eludía cualquier tipo de responsabilidad, reduciéndolo a “una incidencia puntual”. “Un petardo sin consecuencias que se debía a “algo estrictamente técnico”, dijo el regidor entonces, que aseguró que la Alcaldía había dado instrucción a los servicios económicos municipales para que procediesen a corregir las deficiencias “en los próximos días”.
El Concello debe presentar la documentación del presupuesto prorrogado (al no tener desde 2020 uno actualizado) y, según explicó Jácome, el interventor argumentó que la documentación elaborada por el Órgano de Gestión Presupuestaria a este respecto tenía deficiencias que impedían enviar al ministerio la documentación. La otra parte opina lo contrario, según el regidor. “No existe ningún problema dentro del funcionamiento de gestión económica”, defiende, pese a que es la única ciudad de España que sufre esta retención de fondos.
