La forense hizo un informe con la historia clínica de 76 contagiados: 17 muertos y 59 con daños
La subdelegación ourensana del Instituto de Medicina Legal (Imelga) acaba de concluir el informe que le requirió hace algo más de un año el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de O Barco para documentar desde un punto de vista médico los masivos contagios que se sucedieron en menos de un mes en la residencia Nuestra Señora de Fátima de O Barco cuando estalló la pandemia de covid-19 en marzo de 2020.
Según fuentes del Imelga consultadas, el informe fue laborioso porque no se realizó en conjunto sino individualizando cada uno de los 76 contagios. De todos esos usuarios, 17 fallecieron.
Precisamente, la Fiscalía de Ourense a raíz de una diligencias de investigación previas -durante los años 2020 y 2021 incoó de oficio 7 de las 9 diligencias de investigación penal relativas a los usuarios contagiados y fallecidos a consecuencia de la covid-19 en los centros residenciales de mayores- interpuso una denuncia en el juzgado de guardia de O Barco contra la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, como persona jurídica al ser la propietaria del centro asistencial, su representante legal, Virginia D.A., y la directora de la residencia, María del Carmen R.R. por 17 delitos de homicidio por imprudencia grave y 59 delitos de lesiones imprudentes en concurso ideal.
Recayó en el Juzgado mixto 1, que reclamó al Imelga un informe médico de cada uno de los ancianos contagiados y una forense documentó, a través del historial clínico, tanto los óbitos como la valoración del daño corporal de los supervivientes, las circunstancias del contagio o el tratamiento que recibieron. En ese informe, no se entró a valorar las medidas sanitarias implementadas cuando estalló la pandemia, ya que no era el objeto de la pericia.
A partir de ahora, el juzgado instructor, según apuntaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), “dará traslado a la Fiscalía para que informe sobre si debe continuar con la tramitación del procedimiento o si, por el contrario, procede a su sobreseimiento”.
Fue precisamente el Ministerio Público el que abrió una investigación preliminar (diligencias de investigación) cuando la Xunta le notificó los supuestos incumplimientos de las medidas de prevención y control frente a la covid-19 detectados cuando intervino la residencia el 15 abril de 2020. El 21 de marzo se había detectado el primer positivo en un usuario y en menos de un mes ya había 76 residentes afectados por el virus.
Asimismo, la Fiscalía tras la interposición de la denuncia envió cartas a los afectados o familiares de las víctimas para ofrecerles la posibilidad de personarse en el procedimiento penal, tal como confirmó ayer a este diario una mujer cuya madre pereció en esa residencia. “Yo fui al juzgado, pero les dije que quería pasar página”, aseguró.
Este diario intentó conocer ayer la versión de los responsables del centro sin que fuera posible. “La directora no está en estos momentos”, aseguró una trabajadora por teléfono.
Hubo "tirones de orejas" antes de la denuncia
La Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, propietaria de la residencia, se constituyó en Molins de Reis (Barcelona) el 1 de abril de 1998, pero tiene su domicilio social en O Barco.
El Servizo de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia realizó inspecciones ordinarias en ese geriátrico el 4 de mayo de 2016 y el 11 de septiembre de 2019. Entre otras infracciones, se anotó que se incumplía la ratio mínima de personal de atención directa a jornada completa y el 10 de junio de 2020 que no disponía de personal de enfermería en los turnos de noche.
