La jueza enumera entre los “hechos básicos y de singular potencia acreditativa” el hallazgo de ADN de los investigados en el papel con pólvora que fue localizado bajo el cuerpo sin vida del agente, así como que la vaina -parte del cartucho que contiene la carga de pólvora- encontrada junto al cadáver fuese idéntica a la hallada en las taquillas de los dos investigados. Ambas son de la fábrica Santa Bárbara y del año 2000.
Además, la jueza destaca que la pólvora localizada debajo del cadáver y en el jersey que vestía el fallecido es “idéntica” a la hallada en el interior de un cartucho encontrado en las taquillas de los dos hermanos, al tiempo que subraya que se localizaron residuos específicos de disparo en el papel situado bajo el cuerpo de la víctima y en la parte trasera de su jersey “en cantidad superior a la que corresponde a un disparo”.
En cuanto al movimiento del ascensor, que sube hacia otra planta momentos antes de llegar el fallecido, la magistrada indica que, tal y como se visualiza en las grabaciones, no fue accionado por ninguno de los cinco agentes que a esa hora se encontraban en el edificio. “La presencia de esa tercera persona en la planta quinta poco antes de la muerte del agente permite inferir la intervención de un tercero”, asegura.
En el auto menciona que la corredera del arma estaba abierta y sin cargador debajo del cuerpo, una circunstancia que señala que, tal y como indican los informes periciales, “no es posible”, ya que “en el tiempo que transcurre desde el disparo hasta que le atraviesa la cabeza no es posible hacer movimiento voluntario alguno”. Así, incide en que “no es posible sacar el cargador después de muerto”.
En la resolución, además, explica que las manchas de salpicadura de sangre en las proximidades de las extremidades del fallecido avalan la intervención de una tercera persona, al igual que los informes periciales, según los cuales una persona similar a la víctima sentada en la máxima altura o posición que permite la silla que estaba en el despacho “no tiene la cabeza, de ninguna forma, en la trayectoria recorrida por el proyectil”. La instructora recalca que todos los informes elaborados descartan “el disparo a poca distancia”, al tiempo que hace referencia a que el cuerpo carece “de heridas que sean consecuencia de caída alguna, ya sea con mesa, armario o cualquier otro objeto”.
Tres de seis
En el despacho en que fue hallado el cadáver del policía se encontraban tres de las armas sustraídas. La instructora afirma en el auto que la ausencia de ADN de la víctima en dos de las armas (la tercera fue con la que presuntamente se disparó), una de las cuales estaba en el archivador, a la vista; y la otra, cerrada bajo llave, “permite inferir que no es el fallecido quien las toca y las pone allí”, al tiempo que concluye que carece de lógica que no haya vestigios de la víctima si fueran dejadas por ella una vez tomada la decisión de matarse y de enviar un mensaje reconociendo la sustracción. En el auto, la instructora añade que es “absolutamente ilógico e inverosímil que se dispare por la culpa de haber cometido unos hechos en los que no ha intervenido”, pues indica que los datos de geolocalización del fallecido lo ubican “fuera de los lugares y momentos en que se crean las cuentas, la nota anónima o se envía el primer anónimo”.
El SUO valora "la determinación" de la instructora
El abogado de los imputados, Neil González, recurrirá el auto. Al igual que la fiscal, sostiene que no hay pruebas para acusar y que hay múltiples informes que apuntalan el suicidio. Y ante la duda, siempre prevalece la tesis más favorable a los inculpados. La Policía también está dividida en este caso. La UDEV de Ourense asegura que a Celso lo asesinaron pero no así la unidad de Asuntos Internos y la Sección de Homicidios y Desaparecidos de la Brigada Central de Delitos contra las Personas, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial. La Fiscalía en sus peticiones de archivo también rescataba informes de la Guardia Civil. Mantuvo hasta ahora que “no era posible situarlos en la fecha y la hora en la que ocurren los hechos. Al contrario, se sitúan fuera de la escena”. El móvil de Bernardo lo ubica en el complejo deportivo de Monterrei, a 9 kilómetros, mientras que Roi estaba en el centro comercial Ponte Vella.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) valoró el auto. “Queremos poner de manifiesto el trabajo exhaustivo y exigente de la UDEV de Ourense y del resto de grupos intervinientes, valorando también la determinación de la jueza de Instrucción en la investigación”, asegura Roberto González, el secretario gallego. El abogado del SUP, Jorge Álvarez, estuvo personado hasta que la jueza exigió fianza. Ahora, representa al armero, Ernesto Araújo, quien llegó declarar como investigado cuando se conoció el robo de armas y considera que fue víctima de la trama de los hermanos Deprado.
