En el Concello de Carballiño hubo contrataciones irregulares, según la conclusión a la que llegaron ayer en la séptima jornada del juicio por el "caso Pachi Vázquez" una funcionaria que, aunque antes ocupó otros puestos en esa administración, se convirtió en interventora habilitada (2004-2015) así como el secretario en el periodo 1999-2000. La primera habló de la falta de personal cualificado en la plantilla encargada de los expedientes de contratación y el segundo reparó en que es una práctica "desgraciadamente" bastante generalizada en los ayuntamientos.
José Luis Mato aunque solo estuvo un año en Carballiño de secretario, con Pachi Vázquez como alcalde, emitió dos informes porque, según entendía, "la contratación realizada no era la adecuada o incluso porque no existía procedimiento y, por tanto, podría devenir nula de pleno derecho". También precisó que a raíz de esa advertencia se hizo mejor -con bases- y no le constan "obstáculos" por parte del mandatario local si bien, en otro momento del interrogatorio, precisó que solo estuvo un año y no tiene constancia del grado de cumplimiento. Cierto es, según precisó, que para la incorporación del personal temporal no hay un procedimiento específico pero hay una especie hoja de ruta en la propia Constitución: "Respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".
Para el funcionario, una pieza clave en la Administración local, la petición de una lista de parados a la oficina de empleo (Inem) no era suficiente garantía porque "no acredita el mérito y capacidad" al limitar la concurrencia al proceso selectivo. Y aclaró, al igual que haría después la secretaria, que los contratos anuales no se podían prorrogar sin más requisito que la firma del trabajador (tal como declararon muchos de ellos en este juicio). Era necesario un nuevo expediente de contratación. Aunque Mato reconoció que "se hace así en muchos lugares", una práctica muy extendida en Galicia, con la particularidad que esos contratos acaban por convertirse en indefinidos no fijos. En Carballiño, los números hablaban por si mismos: "Había una plantilla de unos 150 o 160 trabajadores, de los que unos 80 o 90 eran laborales y de ellos, un 90% indefinidos no fijos" .
Marifé González, ahora secretaria en San Cibrao, comenzó en el Concello como personal laboral temporal en 1995 hasta que ejerció como interventora accidental (2000-2004) y después consiguió la plaza por oposición. En su exposición fue clara pero habló más de lo general que de lo particular: fiscalizaba los expedientes cuando estaban completos y, aunque en teoría deberían llegarle todos, no sucedía así, tal como detectó en alguna ocasión a través del pago de las nóminas (ello evitó los reparos de ilegalidad previos a la contratación pero no las advertencias posteriores tal como ocurrió con los profesores del conservatorio). Pero esta funcionaria de carrera extendió la deficiencias en la tramitación administrativa más allá del ámbito laboral.
Detectó desconocimiento
Para la secretaria, estas prácticas ilegales se explicaban por la falta de personal cualificado y el desconocimiento. "En general, la tramitación administrativa era bastante deficiente porque el Concello adolecía de falta de funcionarios", explicó.
En 2007 y 2009 advirtió irregularidades en la contratación de los profesores de música "porque no me constaba el proceso previo de selección". Solicitó el expediente y no se le facilitó. También detectó en 2004 "un alta nueva no fiscalizada".
