El alcalde de Ourense tramitó finalmente el pasado día 12 el expediente de cese al interventor, Gonzalo Alonso, el máximo órgano fiscalizador del Concello, un documento al que ha tenido acceso este periódico y en el que el regidor llega a ofrecer a este funcionario la posibilidad de anular el cese si este acepta marcharse voluntariamente a otro puesto con las mismas condiciones. Así lo recoge el inicio del expediente, que informa al expedientado de “la posibilidad de acordar con la Administración municipal la finalización del presente procedimiento y su adscripción provisional a otro puesto”.
"... se informa a la persona afectada de la posibilidad de acordar con la Administración municipal la finalización del presente procedimiento y su adscripción provisional a otro puesto de trabajo"
El expediente esconde otras particularidades, ya que incoa expediente de cese en el puesto de “libre designación” de Interventor General, si bien el mismo documento señala que este no fue designado por ese procedimiento, sino por atribución legal al ser aplicada la Ley de Grandes ciudades, y ser suprimido el antiguo puesto de Interventor del Concello por el puesto directivo de Interventor General.
Dejando atrás ese matiz, que se tendrá que resolver llegado el momento, el expediente enumera las “disfunciones” por las que Jácome se quiere deshacer de Gonzalo Alonso, y no viene firmada por ninguna persona, sino por el alcalde.
El documento detalla a lo largo de 21 páginas las “disfunciones” que atribuyen al interventor. Entre ellas, “obstrucción o dilación innecesaria de la normal tramitación de expedientes y la obstaculización de la actividad administrativa”, que, según el regidor, se han producido en “múltiples procedimientos a lo largo de los dos últimos años”.
El expediente enumera las “disfunciones” por las que Jácome se quiere deshacer de Gonzalo Alonso, y no viene firmada por ninguna persona, sino por el alcalde
En primer lugar, cita “actuaciones incoherentes” en las cuales el interventor da “soluciones opuestas a problemas idénticos” y lo acusa de vulnerar la “objetividad y confianza legítima” y también apela al “carácter obstruccionista” del máximo órgano fiscalizador del Concello, al que acusa de “negarse a acatar lo acordado por la Alcaldía” en algunos expedientes “sin emplear el procedimiento correcto”. Afea la “obstinada oposición” del funcionario, la “extralimitación” de sus funciones en varios expedientes y la “clara voluntad de obstruir” determinados procedimientos.
El documento contra el interventor municipal sostiene una retahíla de acusaciones de las que ahora Gonzalo Alonso tendrá derecho a defenderse y alegar, antes de que el expediente de cese pueda ser oficializado. Es un trámite que puede ser largo, como el seguido con la tesorera desde hace meses y que no llegó a resolverse.
"Nuevamente se observa el carácter abusivo de esta técnica dilatoria empleada, y el empleo de criterios contradictorios por parte del funcionario titular de la Intervención"
También, en esta lista de acusaciones al interventor, se le acusa de dar “información sesgada e incompleta” y emitir “erróneas consideraciones jurídicas” y llega al extremo de culpar al funcionario de las “demoras sistemáticas” en las actuaciones financiadas con fondos Next Generation, que el Concello ha sido incapaz de poner en marcha. De hecho, el propio informe del alcalde reconoce que ha cometido irregularidades en la gestión, pero lo justifica la ausencia de algunos informes del interventor que parte de los remanentes incorporados para estas actuaciones en situación de “inseguridad jurídica”.
