La fiscal solicitó para el acusado seis años de prisión y una multa que asciende a 1.569.665, 46 euros, además de abonar lo defraudado
El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense sentó ayer en el banquillo a Manuel G. C., vecino de Cortiñas (Ribadavia), al que el fiscal acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública, por los que suma un fraude de más de medio millón de euros.
La acusación pública, al igual que el abogado del Estado, sostiene que el encausado, durante el ejercicio fiscal del año 2004, y "de modo consciente", ocultó en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los ingresos obtenidos en dicho periodo, de modo que obtuvo una devolución de 510 euros cuando debería haber abonado una cuota de 151.147 euros. Resolvió la fiscal que "esto supone que dejó de pagar a la Hacienda Tributaria la cantidad de 151.657 euros.
Asimismo, apuntó la fiscal que el inculpado no presentó declaración alguna de IRPF al año siguiente, "a pesar de tener ingresos objeto de dicha tributación" y defraudando de este modo una cuota que asciende a 371,564,09. La suma de ambos fraudes se eleva a 523.221 euros
Por todo ello, el ministerio público elevó a definitivas la pena solicitada: tres años de prisión por cada uno de los delitos -seis años en total-. Además, en caso de que el juez acepte su petición, Manuel G. C., deberá pagar una multa por valor del triple de la cantidad defraudada, en total 1.569.665 euros.
Esta fue la segunda vez que el acusado declara ante el juez. A la celebración de la vista de ayer le precede una sentencia condenatoria del año 2013 que fue anulada por la Audiencia Provincial. El máximo órgano judicial de Ourense mandó repetir el juicio porque no se había admitido una prueba documental.
Por su parte, la acusación particular, a cargo de José María Pérez Álvarez, solicitó una pena de cinco meses y medio de cárcel y multa de dos millones de euros.
Peritos concluyentes
Los peritos, trabajadores de Hacienda, fueron concluyentes apuntando que "los ingresos patrimoniales no justificados hay que tributarlos" y que en su contabilidad hay ingresos -como cheques, transferencias la venta de un piso y cantidades que el encausado no declaró- que no tienen origen conocido, una deducción de su investigación a través del análisis de sus movimientos bancarios.
En su turno de palabra, Manuel G. C. no reconoció la autoría de los hechos que se le imputan, alegando que "llevaba un nivel de vida muy alto" y que financiaba sus gastos solicitando créditos en diversas entidades bancarias, "una especie de estructura piramidal"; es decir, que pedía unos préstamos para pagar otros.
Testificaron también otras dos personas, sendos compradores de dos pisos de la propiedad del acusado, que vendió por 260.000 euros , una cantidad que también utilizó para pagar "el agujero en el que se había metido" y que no declaró a Hacienda, apuntando la pericial que "ni las deudas ni los préstamos personales deducen en la declaración".
