Juicio a un guardia civil por filtrar información

El fiscal cree que el agente, destinado a Verín, ayudó a una red de narcos

xEl fiscal le acusa de facilitar información privilegiada a cinco presuntos traficantes de drogas, también procesados en el mismo procedimiento penal, para que pudieran desplegar su actividad delictiva sin problema. Y ello, valiéndose de su condición de agente del autoridad. El guardia civil José Manuel G.F. (50 años), destinado al acuartelamiento de Verín, fue detenido el pasado año en el marco de la 'Operación Fregona' cuando sus propios compañeros investigaban a una supuesta organización dedicada a la venta al por menor de cocaína en bares y discotecas de la villa del Támega.

El guardia civil compartirá banquillo los días 21 y 22 con Juan Antonio R.S., un joven de nacionalidad dominicana que, a juicio del fiscal, era el principal suministrador desde el verano de 2010. Los agentes comprobaron que periódicamente viajaba en autobús desde Madrid a Verín empleando el transporte público y, una vez en la localidad, establecía los contactos necesarios con varios de los implicados para vender la sustancia estupefaciente. De hecho, en la habitación en la que residía cuando se desplazaba a Verín la Guardia Civil se incautó de cocaína cuyo valor rondaba los 6.000 euros (112 gramos).

En un escalafón intermedio, el ministerio público incluye a José Albino B.C., Adrián G.B., y Jonathan F.D. y María Cristina D.S.G.

El fiscal acusa también al agente de un delito de tráfico de drogas o alternativamente de un delito de omisión del deber de perseguir infracciones penales. En el primer caso, la pena solicitada es de tres años y medio de cárcel mientras que en la alternativa planteada no tendría que ingresar en prisión pero quedaría inhabilitado para desempeñar su trabajo en el Instituto Armado durante dos años. 'Estuvo facilitando que los otros acusados pudieran dedicarse a la venta de drogas, pues les avisaba de que podían estar siendo vigilados, así como de los establecimientos a los que no debían ir', asegura el fiscal en su escrito de acusación.

HASTA CINCO AÑOS DE CÁRCEL

Con respecto al presunto cabecilla de la red, actualmente en prisión provisional, el fiscal reclama un pena de cinco año de cárcel y una multa de 15.000 euros.

En el banquillo de la Audiencia, sólo se sentarán seis de las 16 personas detenidas por los investigadores en el transcurso de la operación, que ya había comenzado en octubre de 2010. El fiscal no halló indicios incriminatorios suficientes para acusar a 10 de las personas detenidas por la Guardia Civil.

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