Diversos juzgados gallegos tramitan al menos 50 denuncias contra el gerente de una inmobiliaria de Catoria (Pontevedra) como presunto autor de estafa y apropiación indebida, por supuestos cobros por casas que no construyó, según fuentes letradas, judiciales y de afectados.
Las denuncias fueron presentadas contra el gerente de la inmobiliaria 'Seiseme', Juan Iglesias Rodríguez, en su mayor parte ante el juzgado de Vilagarcía de Arousa, por su proximidad a la sede de la empresa, pero éste se inhibió en favor del juzgado de Pontevedra, donde se tramitó la primera denuncia, explicó el letrado Carlos Hermelo, de Cangas.
Según este abogado, y otros consultados, el 'modus operandi' de la firma denunciada tiene elementos comunes en toda Galicia ya que ofrecía, a través de inmobiliarias intermedias, viviendas unifamiliares de al menos 90 metros cuadrados, con parcelas de unos 400 metros cuadrados a un precio final de 144.000 euros como mínimo y la mayor parte de los compradores pidió un 'préstamo-puente'.
El promotor aseguró a los compradores, según dijo el portavoz de los afectados de Ourense Modesto González, que no tendrían que pagar nada hasta que tuviesen las llaves en mano 'pero pidió una señal de 3.000 euros y luego una primera entrega que en mi caso fue de 28.000 euros, y hasta 35.000 euros para los que firmaron contrato después'.
Algunos abonaron esa primera entrega en efectivo pero la mayoría pidió un 'préstamo-puente' en dos entidades bancarias que centralizaron las gestiones 'y aprobaron estos préstamos incluso después de que la empresa tuviese sentencias condenatorias por denuncias de trabajadores y proveedores desde finales de 2007', lamentó el también letrado Miguel Costa.
El promotor aseguró a los compradores que él se hacía cargo de las cuotas mensuales del préstamo pero, según el abogado, siempre aplicó la estrategia de pagar uno o dos meses, o ninguno, y los bancos reclamaron y cobraron cuotas a los compradores de la casa.
'Ahora estas familias están pagando un préstamo-puente de 28.000 a 60.000 euros en algunos casos, cobrados por Juan Angel Rodríguez López, con pagos mensuales de hasta 1.100 euros y a cambio no tienen casa y tendrán que luchar para recuperar el dinero', agregó.
El abogado lamentó que mientras caen las denuncias contra la empresa promotora, las entidades prestamistas 'siguen haciendo caja' con nuevos compradores y criticó que el juzgado no ejecutase ninguna medida cautelar sobre todo tras comprobar 'en todos los Registros de la Propiedad' que la inmobiliaria no tiene inscritos ni derechos ni bienes de ninguna clase, añadió.
En ese sentido, recordó que al menos 50 compradores denunciaron ya en los juzgados de Ourense, Lugo, Padrón (A Coruña), Vilagarcía y Pontevedra las presuntas estafa y apropiación indebida 'según los datos recopilados entre varios abogados que están en contacto con nosotros pero calculamos que podrían ser más de 400', agregó.
González es uno de los 40 afectados de la provincia de Ourense, ya que pagó en febrero de 2006 señal y entrada para una vivienda en una urbanización cercana a Cabeanca (Ourense).
'No todos denunciaron aún' porque 'es difícil asumir que pagaste ese dinero con un préstamo-puente, que según las entidades bancarias se transformaría en hipoteca cuando tuviésemos la casa, y ahora seguimos pagando los intereses y no tenemos ni el dinero ni la vivienda', añadió González.
El portavoz de Ourense recordó que empezó a ver en foros de internet informaciones contradictorias sobre la inmobiliaria por lo que fue al Ayuntamiento para preguntar por las autorizaciones de las obras y allí descubrió que el plan sectorial 'nunca fue aprobado'.
'La finca de Cabeanca está vallada pero hablamos con varios propietarios originales de los terrenos y nos explicaron que a ellos nunca se los pagaron sino que acordaron una permuta por una vivienda, con lo cual están como nosotros porque las primeras debían entregarse en mayo de 2008 y allí no hay nada', subrayó.
En otras provincias, la actuación fue similar, aunque variasen las cantidades pedidas como primera entrega, y mientras en Lugo las ventas eran en dos urbanizaciones de Oural (Sarria) y Outeiro de Rei, en Pontevedra las ventas eran de casas familiares no integradas en urbanizaciones y en terrenos de los compradores, según la portavoz de esa provincia Mercedes Alonso Vázquez.
Los presuntos estafados de Pontevedra pagaron casas en Porriño, Cotobade, Vigo, Soutomaior, Lalín, Sanxenxo, Salvaterra, Vilaboa, Redondela, Bueu, Moaña, Pazos de Borbén y Cangas y la portavoz afirmó conocer unos 60 casos de los 200 que podría haber.
En A Coruña, la promoción de fue en grupos de 10 casas o menos en Corrubedo, Rianxo, Boiro, Porto do Son y otra de 80 chalets cerca de la ciudad, según indicó a Efe la portavoz Rosa Miranda.
Los afectados, comienzan a organizarse y se plantean concentrarse como protesta ante la sede de la inmobiliaria el día 23 de agosto que sigue abierta.
Según este abogado, y otros consultados, el 'modus operandi' de la firma denunciada tiene elementos comunes en toda Galicia ya que ofrecía, a través de inmobiliarias intermedias, viviendas unifamiliares de al menos 90 metros cuadrados, con parcelas de unos 400 metros cuadrados a un precio final de 144.000 euros como mínimo y la mayor parte de los compradores pidió un 'préstamo-puente'.
El promotor aseguró a los compradores, según dijo el portavoz de los afectados de Ourense Modesto González, que no tendrían que pagar nada hasta que tuviesen las llaves en mano 'pero pidió una señal de 3.000 euros y luego una primera entrega que en mi caso fue de 28.000 euros, y hasta 35.000 euros para los que firmaron contrato después'.
Algunos abonaron esa primera entrega en efectivo pero la mayoría pidió un 'préstamo-puente' en dos entidades bancarias que centralizaron las gestiones 'y aprobaron estos préstamos incluso después de que la empresa tuviese sentencias condenatorias por denuncias de trabajadores y proveedores desde finales de 2007', lamentó el también letrado Miguel Costa.
El promotor aseguró a los compradores que él se hacía cargo de las cuotas mensuales del préstamo pero, según el abogado, siempre aplicó la estrategia de pagar uno o dos meses, o ninguno, y los bancos reclamaron y cobraron cuotas a los compradores de la casa.
'Ahora estas familias están pagando un préstamo-puente de 28.000 a 60.000 euros en algunos casos, cobrados por Juan Angel Rodríguez López, con pagos mensuales de hasta 1.100 euros y a cambio no tienen casa y tendrán que luchar para recuperar el dinero', agregó.
El abogado lamentó que mientras caen las denuncias contra la empresa promotora, las entidades prestamistas 'siguen haciendo caja' con nuevos compradores y criticó que el juzgado no ejecutase ninguna medida cautelar sobre todo tras comprobar 'en todos los Registros de la Propiedad' que la inmobiliaria no tiene inscritos ni derechos ni bienes de ninguna clase, añadió.
En ese sentido, recordó que al menos 50 compradores denunciaron ya en los juzgados de Ourense, Lugo, Padrón (A Coruña), Vilagarcía y Pontevedra las presuntas estafa y apropiación indebida 'según los datos recopilados entre varios abogados que están en contacto con nosotros pero calculamos que podrían ser más de 400', agregó.
González es uno de los 40 afectados de la provincia de Ourense, ya que pagó en febrero de 2006 señal y entrada para una vivienda en una urbanización cercana a Cabeanca (Ourense).
'No todos denunciaron aún' porque 'es difícil asumir que pagaste ese dinero con un préstamo-puente, que según las entidades bancarias se transformaría en hipoteca cuando tuviésemos la casa, y ahora seguimos pagando los intereses y no tenemos ni el dinero ni la vivienda', añadió González.
El portavoz de Ourense recordó que empezó a ver en foros de internet informaciones contradictorias sobre la inmobiliaria por lo que fue al Ayuntamiento para preguntar por las autorizaciones de las obras y allí descubrió que el plan sectorial 'nunca fue aprobado'.
'La finca de Cabeanca está vallada pero hablamos con varios propietarios originales de los terrenos y nos explicaron que a ellos nunca se los pagaron sino que acordaron una permuta por una vivienda, con lo cual están como nosotros porque las primeras debían entregarse en mayo de 2008 y allí no hay nada', subrayó.
En otras provincias, la actuación fue similar, aunque variasen las cantidades pedidas como primera entrega, y mientras en Lugo las ventas eran en dos urbanizaciones de Oural (Sarria) y Outeiro de Rei, en Pontevedra las ventas eran de casas familiares no integradas en urbanizaciones y en terrenos de los compradores, según la portavoz de esa provincia Mercedes Alonso Vázquez.
Los presuntos estafados de Pontevedra pagaron casas en Porriño, Cotobade, Vigo, Soutomaior, Lalín, Sanxenxo, Salvaterra, Vilaboa, Redondela, Bueu, Moaña, Pazos de Borbén y Cangas y la portavoz afirmó conocer unos 60 casos de los 200 que podría haber.
En A Coruña, la promoción de fue en grupos de 10 casas o menos en Corrubedo, Rianxo, Boiro, Porto do Son y otra de 80 chalets cerca de la ciudad, según indicó a Efe la portavoz Rosa Miranda.
Los afectados, comienzan a organizarse y se plantean concentrarse como protesta ante la sede de la inmobiliaria el día 23 de agosto que sigue abierta.
