“Dos meses” para cerrar el parquin de Plaza San Antonio

Hay una vía de escape para los particulares, que pasa por que el Concello les otorgue una concesión y paguen un canon

Acceso al parquin que se privatizó en la plaza de San Antonio y que ahora debe ser de uso público.
Acceso al parquin que se privatizó en la plaza de San Antonio y que ahora debe ser de uso público.

La junta de gobierno local del Concello de Ourense recibió este jueves el auto del TSXG que confirma el carácter público del subsuelo de la Plaza de San Antonio de manera firme. Este fallo conlleva la nulidad de las licencias concedidas al sostener que todo el subsuelo de dicha plaza es dominio público municipal y, por tanto, no puede ser objeto de aprovechamiento por particulares, sino a través de concesión administrativa, a otorgar por concurso y a cambio del pago de un canon al Concello. Dicha resolución afecta a todos los espacios bajo rasante de la plaza, en los que la promotora de los edificios levantados construyó tres plantas de sótano para aparcamientos y locales comerciales.

Ahora, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, deberá decretar el cierre del parquin que opera en dicha plaza y que ofrece 250 plazas de aparcamiento desde hace 21 años, explotado por la empresa Parking Buenos Aires. Una vez que el Concello tuvo ayer conocimiento oficial del carácter firme de la nulidad de las licencias concedidas en su día, el abogado de la parte denunciante, Antonio Feijóo Miranda, considera que “el alcalde tiene dos meses para tomar la fulminante decisión de cerrar el aparcamiento”.

El abogado advierte de que desde el momento en que el Concello recibe la notificación, el parquin ha perdido su licencia, por lo que “cualquier eventualidad que ocurra en su interior, véase un incendio, sería responsabilidad del regidor, él verá lo que hace”. Cuando el Concello cierre el parquin, debería salir a concurso y ser entregado vía concesión, con un canon para el Concello.

Sin embargo, Feijóo Miranda ofrece mayor optimismo para los propietarios de las 150 plazas privadas vendidas a particulares. “Ya propuse en su momento que podría intentar justificar, mediante concesión administrativa y con el pago de un canon, que sigan siendo utilizados por los propietarios, pero hay que estudiarlo”, apunta.

Queda por contabilizar a cuánto ascenderán las posibles indemnizaciones a los afectados, que podrían acarrear gastos millonarios para las arcas del Concello. Por un lado, la Tesorería General de la Seguridad Social ha reclamado 5 millones de euros por los locales que compró en su día para albergar oficinas y que nunca llegaron a usarse. La promotora también vendió por 2,23 millones en 2002 las dos plantas de sótano que explota Parking Buenos Aires, además de las plazas a particulares en la primera planta. Dicha empresa está hoy liquidada tras entrar en concurso de acreedores en 2018, pero las indemnizaciones podrían ir cayendo a cuentagotas.

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