Los más de 600 municipios españoles con centrales hidroeléctricas y embalses lanzaron ayer un manifiesto conjunto para reivindicar la necesidad de "reencontrar territorio y agua" y ponen en valor su papel como "zonas cedentes" de energía, y reclaman "compensaciones" ahora que empiezan a caducar algunas concesiones, porque de lo contrario llevaría a la "quiebra económica"
"Como territorios cedentes que somos tendrán que repercutir en ellos los beneficios de esa explotación hidroeléctrica, porque hablar de ello es hablar de reto demográfico", señaló Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense y vicepresidente de la Federación de Embalses, que insistió en que el desequilibrio territorial en un "problema global de Europa" y en que se debe buscar el "equilibrio territorial, no el reequilibrio, ya que nunca hubo equilibrio".
Así lo puso de manifiesto en un acto de FemEmbalses y Next Educación presentado por el periodista Manuel Campo Vidal y celebrado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Madrid. Junto a Baltar, estuvieron representantes de asociaciones municipalistas , el secretario general del Reto Demográfico, Paco Boya, y el presidente de FemEmbalses, Francisco Pérez Torrecilla.
Entre las esixencias están que la Administración General del Estado contemple la "singularidad" de los territorios con embalses, mediante "compensaciones", que se modifique la Ley de Haciendas Locales para que ahora que empiezan a caducar las concesiones –en Ourense tardarán un poco más que en otros sitios de España– "se garantice que los ayuntamientos siguen recibiendo los tributos por albergar centrales hidroeléctricas" y que se cuente con ellos en la planificación energética.
"Debe haber un retorno"
Paco Boya, mayor autoridad del Gobierno en reto demográfico, reconoció que los territorios cedentes de energía hidroeléctrica a los zonas más pobladas "deben ser compensados" y que debe haber un "retorno" para unos territorios –en Ourense más de 20 concellos acogen embalses– han sido tratados como "residuales".
Por ello, Boya instó a "trabajar juntos" para hacer que sea el rural el que decida "sus propias recetas" y esto le permita tener "más esperanza".
Baltar: “Como territorios cedentes, deben repercutirnos los beneficios"
Manuel Baltar defendió que los tributos que los concellos recaudan en concepto de la explotación que las empresas hacen del agua es "fundamental", ya que en algunos casos de Ourense, "el 50% del presupuesto municipal llega por esta vía". Baltar insistió en que los concellos deben tener "protagonismo" en la generación de energía hidroeléctrica, porque "en los territorios que somos excedentes, algo tiene que repercutir".
El presidente de la Federación de embalses, Francisco Pérez Torrecilla, llamó a pensar en el "día después" de que caduquen las concesiones y, en la misma línea que Baltar, pidió "participación activa" de los municipios en los que se asientan las centrales. "Las nuevas concesiones deben seguir siendo una gran oportunidad para los territorios" y garantizar la "supervivencia" de muchos concellos que, sin estos ingresos, "estarán condenados a morir", indicó Torrecilla, que aseguró que "ha llegado la hora de que las zonas cedentes se reinvindiquen y exijan que se garantice los ingresos por IBI, ICIOs o tasas" de estas centrales.
La Audiencia Nacional ve en el límite de 75 años algo "improrrogable"
Cerca del 7% de las concesiones de explotación hidroeléctrica ya ha expirado y hasta 2030 en el conjunto nacional irán caducando otro 8%. En Cataluña ya caducó el 24% y en Castilla y León el 20%. En Galicia, el grueso empezará a hacerlo en dos décadas. Una vez que caduquen y si ya han cumplido 75 años de concesión, deben revertir en el Estado, pero los municipios temen que dejarían de cobrar las tasas, viendo mermados sus ingresos pese a que han soportado y soportan las consecuencias.
Los expertos tienen claro que las concesiones están amortizadas y, aunque algunas han tenido prórrogas, luna sentencia de la Audiencia Nacional del 29 de febrero de 2020 dicta que le límite de 75 años es "improrrogable", aunque si el Gobierno echase abajo las concesiones, las eléctricas podrían exigir indemnizaciones por ello.
El grueso de concesiones en Ourense caduca en 30 años
Cerca de una veintena de municipios ourensanos alberga alguna central hidroeléctrica, convirtiéndose en parte activa de esas "zonas cedentes" de las que habla la Federación de Embalses. que reclaman una compensación por el impacto ambiental y demográfico de la instalación de los embalses. Esas centrales forman parte del paisaje de la provincia desde que empezaron a proliferar en la época franquista, dejando pueblos ahogados y destruyendo propiedades y parte de la historia a cambio de cuantiosos beneficiosos económicos para los municipios, pero consecuencias sociodemográficas importantes..
Galicia tiene una potencia hidráulica instalada de 3.701 megawatios, de las que 2.500 están en la cuenca del Miño y el Sil.En total, una quinta parte del total español (17.032) y solo por detrás de la potencia instalada en la vecina Castilla y León (4.401). De ahí, que numerosos concellos ourensanos se conviertan en "zonas cedentes" de energía a grandes núcleos industriales.
Hay un total de 21 embalses en uso en la provincia, según los datos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, si bien sumando las minicentrales, se llega a un total de 51 instalaciones de producción de energía hidroeléctrica. El primero en construirse en la provincia fue el de As Conchas, que sería el primero en agotar el plazo de 75 años del que la Audiencia Nacional en una reciente sentencia de febrero de 2020 sitúa como plazo máximo de concesión, si bien según los datos aportados en 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente, la gran mayoría de embalses tiene asegurada su concesión hasta 2050, aun pasando el límite de oos 75. Atendiendo a los datos publicados por el Observatorio de Sostenibilidad, el año medio de caducidad de las concesiones en la Condeferación Miño-Sil debería ser el año 2038 si se cumpliese el límite de los 75 años.
Este observatorio, al igual que algunos expertos o formaciones políticas han solicitado la reversión a la Administración Pública de estas concesiones una vez cumplidos los 75 años, después de que avalase la de la central de Lafortunada-Cinqueta (Huesca), una de las mayores del Pirineo, al determinar que el límite de 75 años es improrrogable. Mientras, la Federación de asociaciones y municipios con centrales hidroeléctricas y embalses exige que si se cumple la reversión, se asegure que continúa la tributación municipal, porque, de lo contrario "muchos pueblos están condenados a morir".
