El juicio que sentó en el banquillo al exlíder del PSdeG Pachi Vázquez (ahora máximo responsable de Espazo en Común) por la gestión de la política de personal durante su etapa como alcalde en Carballiño (1995-2005) acabará un día antes de lo previsto. Ni él ni el resto de investigados -el exalcalde Carlos Montes así como los exconcejales Alfonso Prado, José Antonio Barge y Elisa Domínguez- quisieron declarar en la jornada de este miércoles tras la práctica de la prueba pericial. Al comienzo de la vista oral, sus letrados solicitaron que fueran interrogados al final, pero llegado ese día consideraron innecesario dar explicaciones. Y todos alegaron la misma excusa: "Por recomendación de mi abogado, no voy a declarar".
La sesión de este miércoles, la penúltima, fue, por tanto, muy breve, ya que fiscal y defensas expondrán hoy sus informes en una sesión, la décima, que se prevé larga.
El propio Vázquez, a la salida, se mostraba tranquilo. Hablará, advirtió, pero cuando la magistrada del Penal 2 dicte sentencia. "Todos o temos bastante claro pero o momento de falar é cando o faga a xustiz, na que confiamos plenamente", manifestó. No quiso entrar en los motivos por los que su letrado le aconsejó no declarar aunque sí recordó que a lo largo del proceso penal ya dio las explicaciones que correspondían y lanzó una directa a la acusación pública: "Eu declarei tres veces pero quen nunca estivo nas miñas declaracións foi a fiscalía".
La fiscal elevó este miércoles a definitivo su escrito de calificación provisional, en el que acusa de un delito de prevaricación continuada a los cinco encausados, reclamando una condena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el caso de Vázquez, Prado y Montes o nueve para Barge y ocho años y nueve meses para Elisa Domínguez, aunque solo el primero continúa en la política activa.
Sustenta la acusación en el gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada, con prórrogas sucesivas, para el desempeño de labores de competencia municipal. Muchos de esos contratos acabaron por convertirse en indefinidos y la fiscal reprocha que se vulneraron los principios básicos de la contratación pública: publicidad, mérito y capacidad.
Las defensas, por su parte, consideran que no hay prueba para condenarlos e interesan la libre absolución, con la atenuante de dilaciones indebidas en caso de una sentencia condenatoria, ya que la instrucción comenzó en 2014 a raíz de unas diligencias informativas del ministerio público.
Los abogados sostienen que en Carballiño la política de personal no difiere de lo que ocurre en otros concellos: contratos temporales para abordar servicio esenciales en la vida municipal a los que se incorporaban personas inscritas en el paro tras un procedimiento de selección.
"Un laboral indefinido es un interino, no más", dice un perito
En la jornada de este miércoles, compareció el catedrático en Derecho Administrativo Javier Ferreira en calidad de perito a petición del letrado de Pachi Vázquez. Ratificó un informe, aportado a la causa, en el que defiende las contrataciones en Carballiño y resta trascendencia a que los laborales temporales que trabajaban para el Concello acabasen por convertirse en indefinidos. "Un indefinido no fijo es un interino, no más", aseguró. La amortización del puesto de trabajo le puede dejar fuera y sin indemnización, aunque en el sector privado no suceda lo mismo.
Para Ferreira, no hay irregularidad por parte del ente local en el reconocimiento del carácter indefinido a trabajadores que habían tenido sucesivos contratos. "El indefinido no fijo no deja de ser un temporal, por lo que no hay, en mi modesta opinión, irregularidad en el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de la situación de indefinido de oficio", explicó. Además, ha aseverado que la Inspección de Trabajo en Pontevedra y en Lugo promovió la declaración de indefinido de oficio "en muchos ayuntamientos porque eran sancionables los alcaldes sino se realizaba".
Este experto, que asesora a entes locales en materia de personal, también explicó que las plantillas de los concellos con menos de 50.000 habitantes se nutren de forma "abrumadora" de personal laboral cuyos contratos se van prorrogando por necesidades estructurales. "Cuanto más temporalidad hay, menos tasa de reposición", aseguró.
