El que fuera secretario xeral del PSdeG y ahora líder y concejal de Espazo Común en Carballiño, Pachi Vázquez, llegó a las 10,00h al Edificio Judicial de O Couto para sentarse en el banquillo de los acusados del Penal 2, junto a otros cuatro exediles de ese Concello, y responder así de un delito de prevaricación continuada en relación a supuestas contrataciones a dedo durante el gobierno socialista en la villa del Arenteiro.
Vázquez, antes de traspasar la puerta de entrada, aseguró ante los periodistas -hay once medios acreditados para cubrir el juicio- que no hará declaraciones a los medios hasta que no acabe el juicio, por recomendación de sus abogados. Algunos abogados pedirán a la jueza que los acusados declaren al final del proceso cuando comparezcan testigos.
En este señalamiento, que se prolongará por espacio de once días, tanto Vázquez como Carlos Montes -exalcalde entre 2005 y 2011-, así como los exconcejales José Antonio Barge y María Elisa Domínguez deben responder de las irregularidades detectadas por la Fiscalía en la gestión de la política de personal en el periodo en el que los acusados gobernaron la villa del Arenteiro al frente de las siglas socialistas.
Según el ministerio público, suscribieron en sus respectivos periodos de mandato "un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada con respecto a 60 trabajadores". La gran mayoría pasó a engrosar la nómina de indefinidos del Concello de forma que, según la fiscalía, no se respetó la normativa de acceso a la Administración pública "para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad".
La fiscal reclama penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público para todos ellos: 10 años para Vázquez, Alfonso Prado (concejal de Personal 1995-2007) y Carlos Montes; nueve para José Antonio Barge Gil (edil de Personal entre 2007 y 2011), y ocho años y nueve meses para María Elisa Domínguez, quien fue responsable del Área Social y alcaldesa en funciones durante mes y medio.
