La Brigada de Extranjería realiza una media de dos inspecciones al mes para regular los flujos migratorios que llegan a Ourense
El control de los 29 clubes nocturnos de alterne abiertos al público en la provincia, es decir, locales en los que se ejerce la prostitución, forma parte de los cometidos de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para evitar el tráfico y explotación de mujeres (trata), sobre todo aquellas que están en situación irregular y, por tanto, en una situación más vulnerable.
Las inspecciones son periódicas. El año pasado hubo 22, con una media de dos o tres mensuales. La crisis cerró muchos prostíbulos (hace dos décadas llegaban al medio centenar) y la supervisión, tutelada por la autoridad judicial y la Fiscalía de Extranjería, es ahora más férrea. Hoy en día hay menos locales, normalmente sociedades dadas de alta como hoteles, hostales o bares, pero no menos trabajadoras del sexo ni clientes. La policía recalca que cada vez son más los pisos de citas que van cambiando de dirección para evitar ser detectados, y que captan al cliente a través de las redes sociales y anuncios.
En Ourense, la policía tiene contabilizados 29 clubes de alterne con entre tres y diez trabajadoras del sexo en cada uno, dependiendo de los días de la semana. Los locales más frecuentados son los próximos a los polígonos industriales y zonas comerciales de alta actividad.
El perfil típico de la prostituta en esta provincia es el de una mujer extranjera que en muchos casos está en situación irregular y que normalmente ejerce esta actividad por una situación de necesidad. Sus edades oscilan entre los 20 y 35 años. "Son de procedencia sudamericana, de Brasil y Ecuador preferentemente, así como africanas (nigerianas) y asiáticas (chinas)", explica la portavoz de la Policía, Teresa Ramos. Aclara, que algunas lograron ya la nacionalidad por el tiempo transcurrido desde que llegaron.
Los controles deben ser frecuentes, según explica, porque las mujeres cambian frecuentemente de local para potenciar el efecto "novedad", evitar la familiaridad con los clientes y el arraigo, lo que dificultaría la actividad de los controladores.
Atención a extranjeras
En las inspecciones, los agentes identifican a todos los presentes en el negocio del sexo, prestando atención especial a las extranjeras. "Estamos atentos a las señales que nos puedan hacer sospechar que esas personas se encuentran en contra de su voluntad", explican desde la Comisaría de As Lagoas.
La experiencia les ha demostrado, algo que también confirman desde la fiscalía, que muchas de las mujeres que acaban en clubes son introducidas por organizaciones. El responsable máximo es el llamado "pasador", que se encarga de establecer las rutas para entrar; proveer la documentación (a veces falsificando documentos) y hasta entregan dinero (fianza) con el fin de amparar la estancia de la mujer en el país de destino durante tres meses. También está la figura del "captador" en los sitios de origen de los inmigrantes; el "receptor" en España, los responsables de los locales, así como "la mami", la encargada de controlar a las nuevas que se incorporan a la actividad.
Las organizaciones ejercen un férreo control sobre las mujeres a través de las deudas que contraen con la trama, deudas que alcanzan a la propia familia y en el caso de las africanas con la cultura del vudú.
En cuanto a la comunidad china, por su carácter cerrado, resulta complicado, reconocen en la Policía Nacional, conocer con detalle su organización, pero como norma general de funcionamiento, tanto en el aspecto laboral como en el ejercicio de la prostitución, la dependencia de estas personas a la organización es total durante los tres años siguientes a la entrada en España , que es el tiempo que tardan para conseguir la regularización, que suele ser generalmente por arraigo. Una vez consiguen el permiso de residencia, se convierten en receptoras y aplican a las recién llegadas las mismas condiciones que ellas sufrieron.
Otra vía de entrada ilegal es a través de las llamadas cartas de invitación. El Juzgado de lo Penal acaba de condenar a una multa de 600 euros a Antonio E.R. por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en relación a esta práctica. Invitó a una mujer brasileña a residir 90 días en su casa, pero en realidad ella se fue un club para ejercer la prostitución.
Una actividad que está en el limbo de la legalidad
La prostitución en España se encuentra en una situación de alegalidad: no es legal pero tampoco ilegal. Su ejercicio libre no está penado,es decir, cuando una persona decide ejercer y quedarse con el lucro obtenido. Sí está sancionado su consumo cuando se solicita y disfruta "en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial, según la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece para esta falta grave multas de entre 601 y 30.000 euros.
