El Juzgado dio traslado al fiscal de los informes (pericial psicológica e informe del endocrino) aportados por la los padres del menor obeso, para demostrar que se están preocupando por él.
La Asociación del Pueblo Gitano reconoció ayer estar esperando por una próxima convocatoria con la que reanudar el diálogo con la Xunta de cara a hallar una solución dialogada entre la Administración pública y los padres del niño obeso que se niegan a que ingrese en un centro de protección, tal como confirmó su portavoz, Sinaí Jiménez. No obstante, reconoció que la tramitación de un procedimiento judicial contra los padres, Luis Montoya y Margarita Gabarres, por presunta desobediencia y sustracción de menores había ralentizado las conversaciones.
Este colectivo, que normalmente es quien sirve de interlocutor entre las etnia gitana y la Administración cuando hay conflictos, aseveró que la Xunta debe ser un referente para dar ejemplo de cómo se pueden solucionar los problemas a través del diálogo.
Jiménez expresó su convencimiento de que pronto habrá nuevos contactos para tratar de llegar a un acuerdo que, según dice, podría pasar por una tutela pública de la Administración sin necesidad de que el menor esté ingresado permanentemente en un centro. El proceso de adelgazamiento del niño, que va por muy buen camino, no es incompatible con la tutela por parte de la Xunta, añade el portavoz de esta asociación gitana. Subraya el que ya no se da la misma situación que hace cinco años cuando se intentó que el niño adelgazara pero sin el control médico asumido por la familia.
Paralelamente, continúa la instrucción de la querella del Ministerio Fiscal contra los padres por desobediencia en el Juzgado de Instrucción 2. El juzgado ha dado traslado de las pruebas aportadas el lunes por el abogado (un informe psicológico y el control que está llevando a cabo un endocrino privado) al fiscal por si desea impugnarlas.
Este colectivo, que normalmente es quien sirve de interlocutor entre las etnia gitana y la Administración cuando hay conflictos, aseveró que la Xunta debe ser un referente para dar ejemplo de cómo se pueden solucionar los problemas a través del diálogo.
Jiménez expresó su convencimiento de que pronto habrá nuevos contactos para tratar de llegar a un acuerdo que, según dice, podría pasar por una tutela pública de la Administración sin necesidad de que el menor esté ingresado permanentemente en un centro. El proceso de adelgazamiento del niño, que va por muy buen camino, no es incompatible con la tutela por parte de la Xunta, añade el portavoz de esta asociación gitana. Subraya el que ya no se da la misma situación que hace cinco años cuando se intentó que el niño adelgazara pero sin el control médico asumido por la familia.
Paralelamente, continúa la instrucción de la querella del Ministerio Fiscal contra los padres por desobediencia en el Juzgado de Instrucción 2. El juzgado ha dado traslado de las pruebas aportadas el lunes por el abogado (un informe psicológico y el control que está llevando a cabo un endocrino privado) al fiscal por si desea impugnarlas.
