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Los siete radares fijos y uno móvil, así como las cámaras de control de acceso al Casco Vello, tendrán que esperar aún más para ser instaladas. El proceso para su compra y colocación, que ya había sufrido retrasos que situaban en el horizonte de este próximo verano su puesta en marcha, ha vuelto a torcerse. Una empresa que fue excluida por el Concello de Ourense del concurso público, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, ha presentado un recurso especial y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, dependiente de la Xunta, lo ha aceptado, adoptando como medida cautelar la suspensión de la licitación.
El contrato paralizado incluía la instalación de 17 cámaras con lector de matrículas de acceso al Casco Vello, además de una decena de cámaras de control en rotondas y otros puntos conflictivos de la ciudad y la instalación de siete cinemómetros fijos y uno móvil para el control de la velocidad.
Salió a concurso el 28 de septiembre y tras encadenar problemas durante el proceso, sigue sin salir adelante. Al principio, un fallo en los pliegos obligó a modificarlos y ampliar un mes el plazo para recibir ofertas. Posteriormente, la reclamación de dos empresas que concurrieron al concurso fuera de plazo obligó a suspender los plazos hasta recibir informes. Y ahora, la exclusión de una de las empresas (la más valorada), al detectar un informe externo “incumprimentos técnicos”, ha desembocado en un recurso que alargará todavía más los plazos. Teniendo en cuenta que establece cuatro meses para diseñar el proyecto y colocar radares y cámaras una vez sea adjudicado, parece imposible que puedan estar antes de la época estival.
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