Los siete radares fijos y uno móvil, así como las 10 cámaras de control en la ciudad, tendrán que esperar al menos hasta el verano de 2023, por lo que Ourense afrontará desde el 1 de enero la obligación de contar con una Zona de Bajas Emisiones en pañales y con los sistemas para controlar el acceso de vehículos sin instalar.
Fallos y reclamaciones
Un fallo en la redacción del pliego del concurso de “suministro e instalación, servicio de mantenimiento de un sistema de cámaras de control de accesos a la zona peatonal del casco histórico, cámaras de control de tráfico en rotondas e instalación de radares” obligó a paralizar tres semanas el proceso, al ampliar el fin del plazo para que las empresas se postulasen desde el 31 de octubre al 21 de noviembre.
Posteriormente, la reclamación de dos empresas que concurrieron al concurso fuera de plazo obligó a suspender de nuevo los plazos para empezar el procedimiento de apertura. Las empresas se quejaron de que el sistema de licitación electrónica que usa el Concello, denominado Vortal, tenía problemas técnicos el día 21 de noviembre, lo cual obligó a suspender casi otro mes el procedimiento, hasta este pasado 19 de diciembre, a la espera de recibir los informes de esa plataforma.
Al menos seis meses más
Con los pasos dilatados, Ourense tardará en adjudicar este servicio. Este pasado día 19 se abrieron las únicas dos ofertas admitidas, y ahora se abren nuevos plazos. El jefe de servicio de Sistemas de Información del Concello deberá emitir un informe antes de continuar el procedimiento. Hasta la adjudicación todavía quedan unos cuantos pasos más que hacen imposible que sea designada la empresa antes de febrero. Después, según se recoge en los pliegos, la adjudicataria tendrá cuatro meses para ejecutar las obras, lo cual retrasa al menos hasta el verano la puesta en funcionamiento de los radares y las cámaras.
Dónde estarán los radares
Los siete nuevos radares fijos se ubicarán en la avenida Otero Pedrayo (en las inmediaciones del campus universitario); en la avenida Eulogio Gómez Franqueira, en el barrio de A Ponte, en sentido salida de la urbe; en la avenida de Marín, también en A Ponte, pero en sentido entrada y nada más pasar el puente de la carretera de Santiago; en la N-120, por detrás de la parcela de la antigua estación de autobuses; en la carretera de Seixalbo, zona de los concesionarios; en Pena Trevinca y en la avenida de Nosa Señora da Saínza, a la salida de la rotonda y antes del acceso al CHUO. Además, a estas siete instalaciones habrá que sumarle otro radar móvil.
La ZBE, en pañales
El Concello confirmó en septiembre que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) iba a ser implantada en 2023, como obliga la Ley de Cambio Climático, y que estaría delimitada por las rúas Progreso, Coruña, Pena Trevinca, Pardo Bazán y Habana. Para restringir el tráfico a vehículos contaminantes, anunciaron la colocación de señalización, estaciones de medición de partículas y cámaras con lector de matrículas. Sin embargo, nada se ha avanzado, mientras las cámaras siguen atascadas.
