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Tribunales | Ourense
La inquilina del edificio de la antigua Cámara de la Propiedad cuyo titular es la Xunta de Galicia podrá volver a vivir en su casa, una vez que la Administración autonómica cumplió lo prometido y ya ha realizado las correspondientes obras de reparación del ascensor.
Esta medida se ha materializado en pleno periodo de toma de declaraciones a los dos cargos de la Consellería de Facenda investigados por presunto "acoso inmobiliario" a la mujer, de 92 años de edad.
El fiscal apreció en su querella inicial, admitida a trámite, que estos dos funcionarios se habrían "extralimitado" adoptando medidas "no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones" con el objetivo de "forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo".
El fiscal aludía a deficiencias "muy graves" relacionadas con la falta del mantenimiento del ascensor y de la limpieza, lo que obligó hasta ahora a la inquilina a residir en un hotel debido a sus dificultades de movilidad.
Los servicios de limpieza se han vuelto a retomar y el ascensor, tal y como había prometido la Xunta, vuelve a estar en funcionamiento desde la mañana de ayer,. Así, la inquilina podrá volver a vivir en su casa de siempre. La instrucción judicial, sin embargo, seguirá adelante.
Otra suspensión
Este miércoles era el turno de declaración de la denunciante, pero se tuvo que suspender ante la ausencia de uno de los letrados de la Xunta, en concreto el abogado del subdirector xeral de Patrimonio, investigado junto a la secretaria xeral técnica de ese mismo departamento.
Con esto, el titular del juzgado de instrucción número dos, Luis Doval, decidió suspender la testifical y posponerla para el 13 de diciembre, ya que no era una declaración propiamente dicha sino una prueba preconstituida –es decir, debido a su avanzada edad, se le toma declaración por su ni pudiera asistir el día del juicio–.
Así, se vuelve a invertir el orden de las declaraciones. El próximo lunes será el turno de los dos cargos investigados –después de que su declaración hubiese sido retrasada por la huelga de jueces– y al día siguiente el del otro inquilino del edificio, en calidad de testigo.
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