El interventor del Concello de Ourense, en un informe previo a su cese, alertaba del insuficiente crédito para personal
El Concello de Ourense está en un problema económico complicado. El juzgado ha tumbado los últimos presupuestos aprobados, de 2020, en lo referido al capítulo de personal, por lo que ahora la administración local funciona con el presupuesto de 2014, muy atrasado y cuyos fondos son claramente insuficientes para poder abonar todas las nóminas. El pasado mes de marzo, los trabajadores no pudieron cobrar pluses ni horas extras. En el caso, por ejemplo, de los bomberos, supone que “nos pagaron un 40% menos del sueldo habitual”, como lamentaba Amancio Rodríguez, jefe de turno del parque.
Y la situación puede ir a peor. En una reunión con los trabajadores, el jefe de Personal, José Manuel Oliver, reconocía que pueden pasar meses hasta poder abonar los pluses. Además, reconoció que no se prevé que la liquidación del ejercicio anterior esté lista hasta julio, pese a que la ley obliga a aprobarla antes del 1 de marzo de cada ejercicio. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, culpó otros años a la ya extesorera de estos retrasos. En 2024, y, pese a que la ha cesado, estos retrasos se cronifican.
Esta misma semana, Jácome consumaba el cese del interventor municipal, Gonzalo Alonso, máximo órgano de fiscalización económica. Este periódico ha accedido al último informe que Alonso firmó en su cargo, y que advierte de un grave problema que se cierne en el Concello con las futuras nóminas.
Según los cálculos del interventor, al retrotraerse el Concello a los presupuestos de 2014, hay una insuficiencia de crédito para atender los gastos del personal. Así, los 34,52 millones que habría actualmente serían “insuficientes” para atender los gastos que hubo ya en 2023, y que ascendieron a 35,33 millones. A esto, en 2024, habría que sumar los atrasos salariales pendientes por la aplicación de la subida del 0,5% retroactivo a todo el ejercicio del año pasado, que se incorporarán también a 2024, y, además, habría que aplicar el incremento previsto en los salarios de la Administración que debe aprobar el Estado y que se estima en un porcentaje que oscilaría entre el 2 y el 2,5%.
La proyección realizada por el interventor, teniendo en cuenta lo que se ha gastado en personal en este primer trimestre de 2024 (7,64 millones), provocaría que a final de año hubiese que pagar al personal un total de 35,63 millones, pero solo hay 34,72 millones consignados. Es decir, a día de hoy, hay un déficit de 808.270 euros. A ello, habría que sumar la revalorización del 0,5% de los sueldos de 2023 -pendiente de aplicar- y la futura subida de salarios de los funcionarios del 2,5% prevista para 2024. Es decir, el déficit previsto en esta área supera el millón de euros.
Una gestión que suma piedras en el camino según pasan los meses
Actualmente, el ambiente laboral en el Concello de Ourense no pasa por su mejor momento. El interventor ha sido cesado, la tesorera también -por cierto, podría ser el reemplazo de propio interventor-, hay varias denuncias por acoso laboral sobre la mesa, el proceso de estabilización del personal y las ofertas públicas de empleo están paralizadas, hay varias sentencias pendientes de cumplir con los bomberos.
A esto se suma una cuestionable situación de las arcas públicas. Prácticamente, todas las concesiones administrativas están en precario, y una de las pocas que no lo está, la ayuda a domicilio, entrará en esta situación en noviembre. En total, se calcula que podrían ascender a 30 millones las deudas pendientes -por el IPC pendiente de aplicar de estos años- a estas concesionarias. Además, el Concello tiene 15,5 millones de euros en facturas pendientes de tramitar, y, además, es la segunda capital de provincia española que más tarda en pagar a los proveedores, ya cerca de tres meses de media. El último varapalo ha sido la suspensión de parte del presupuesto, que ya era antiguo de por sí (2020), pero que ahora se retrotrae en el capítulo I hasta 2014.
