Los menores de menos de 16 años no podrán tener redes sociales con la nueva ley de protección al menor

El Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, que incluye órdenes de alejamiento virtual, test pediátricos para detectar usos inadecuados, penas por la difusión y creación con inteligencia artificial de contenido sexual o vejatorio, así como la imposición obligatoria y gratuita de controles parentales en todos los dispositivos digitales y etiquetado informativo, entre otras medidas.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, destacó que se trata de una ley que apela y que responde a una “inquietud” que dijo que comparte “la práctica totalidad de la ciudadanía de este país”. El texto fue presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que señaló que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presentó de forma paralela un informe de diagnóstico sobre la cuestión.

La norma incluye la obligación de incorporar de fábrica el control parental en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes

En el anteproyecto intervienen también otros departamentos, como Presidencia y Justicia y Transición Digital, que este último se encuentra elaborando un sistema de verificación de la edad, que tendrá su propio marco jurídico y que está previsto que esté definido en los próximos meses. La norma incluye la obligación de incorporar de fábrica el control parental en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes. Está previsto que este sistema aparezca por defecto en todos los dispositivos y que se pueda configurar una vez encendido.

Asimismo, Bolaños precisó que, desde la entrada en vigor de esta ley, los poderes públicos estarán obligados a hacer campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores en el ámbito digital y los riesgos asociados al entorno digital. Además, añade revisiones pediátricas, donde se realizarán test para identificar si los menores están haciendo un uso inadecuado de los dispositivos electrónicos.

El anteproyecto también añade que las plataformas de intercambio de vídeos estarán obligadas a tener un enlace directo al canal de denuncias y a los sistemas de control parental

El anteproyecto también recoge penas para combatir las ultrafalsificaciones, por la difusión y creación con inteligencia artificial de contenido sexual o vejatorio. Asimismo, incluye la modificación del artículo 39 del Código Penal para incluir órdenes de alejamiento virtual para quienes cometan delitos en espacios digitales.

En esta línea, Bolaños indicó que también tipifica como delito el “grooming” o el engaño online a menores. En este sentido, señaló que se trata de la falsificación de la edad, el género, o alguna característica personal para entablar contacto con un menor y acabar cometiendo un delito contra la libertad sexual de menores en España. Igualmente, el ministro señaló que el anteproyecto también añade que las plataformas de intercambio de vídeos estarán obligadas a tener un enlace directo al canal de denuncias y a los sistemas de control parental.

Además, Bolaños agregó que la norma prohíbe el acceso de los menores a las cajas botín o de recompensa en los videojuegos. “Son mecanismos de recompensa que en ocasiones cuestan dinero, sobre todo en videojuegos y en otro tipo de sistemas o de plataformas digitales”, explicó. La norma también eleva de 14 a 16 años la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos de carácter personal para el acceso a redes sociales.

Por otro lado, la regulación consolida los derechos de los menores de edad en el entorno digital, a través del artículo 2, que establece que “tienen derecho a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías, así como de sus derechos y de los riesgos asociados al entorno digital”.

Entre las medidas que contempla está el desarrollo de una Estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales, que estará aprobada al final del verano y se revisará cada tres años. Ésta la liderará el Ministerio de Juventud e Infancia y se apoyará en el informe del grupo de 50 expertas y expertos conformado recientemente por este departamento.