Valdeorras

El Gobierno insinúa que ADIF tiró los vagones al Sil para preservar la seguridad de los trabajadores

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El Gobierno insinúa que ADIF tiró los vagones al Sil para preservar la seguridad de los trabajadores

Cuantifican los daños en el río en 5.012,52 euros y afirman que el daño en el lecho fluvial ha sido mínimo

El pasado 28 de julio un tren de mercancías descarriló a pocos kilómetros de la entrada a la estación de Sobradelo en Valdeorras y dos vagones terminaron en el lecho del río Sil. Las protestas y denuncias tanto de los partidos políticos como de la Xunta, además de distintas plataformas ecologistas, no se hicieron esperar. Una preocupación que llegó hasta el Congreso. El Gobierno responde ahora a las preguntas de los partidos, con la investigación aún abierta, para señalar que "no se ha producido ningún tipo de filtración" al no sufrir desperfectos las cajas de grasa de los vagones. Y apunta además que en las actuaciones de encarrilamiento ha primado siempre la seguridad y la salud de los trabajadores, que podía verse comprometida por las condiciones de inestabilidad y por la situación en la que se encontraba el material siniestrado".

ADIF, añade, ejecutará los trabajos necesarios "de restauración del entorno" hasta su "completa restauración. Un daño que cuantifican en "5.012,52 euros, calificados como infracción menos grave conforme a lo dispuesto en el artículo 316 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, por lo que el importe de la sanción podría ascender a un máximo de 50.000 euros, resolución comunicada a ADIF". En su día, incluso el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de O Barco abrió diligencias para determinar si hubo delito medioambiental y, en caso afirmativo, depurar responsabilidades y subsanar los daños ocasionados en la flora, fauna y agua del río.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias mantiene abierta una investigación sobre las maniobras, en las que también participó Renfe, para documentar "todas las circunstancias que condujeron a la caída de los vagones.

Para concluir,  ADIF se compromete a revisar todos los protocolos para reforzar los controles en tanto el Gobierno se plantea proponer al Ministerio de Transportes una modificación normativa para que el servicio sea más respetuoso con el medio ambiente y dotar al servicio de un seguro de responsabilidad civil ante posibles daños ambientales.