La amenaza de cierre de dos pizarreras de Carballeda, Irosa y Samaca, por el lanzamiento que un Juzgado fijó para el 1 de marzo y que enviaría al paro a 300 trabajadores, abrió una fuerte polémica. “Imos ter contactos co comité e cos veciños do pobo. É defender o pan, a vida. Estaremos coa xente máis afectada, os traballadores”, dijo el responsable de la CIG en Ourense, Anxo Pérez Carballo, que calificó de “obscenas” las declaraciones “da xente que quere pechar Irosa e Samaca, dicindo que as 300 familias non é o seu problema. Hai que ter moi poucos escrúpulos para falar neses termos”, en alusión a la junta de montes de Portela-Domiz, que reclama los terrenos al no llegar a un acuerdo de alquiler con las empresas.
La alcaldesa, María del Carmen González, también fue crítica. “Las declaraciones del abogado parecen mostrar que ya no le quedan escrúpulos. A un ser humano debe preocuparle el bienestar de la gente. Juega con el pan de muchas familias”, dijo. La regidora afirmó que hay “gente dispuesta a movilizarse” y que prepara “las medidas que nos da el Estado de derecho si no se encuentra una solución administrativa”.
El abogado de los comuneros, José Antonio Iglesias, respondió que siempre trataron “de llegar a una solución pactada” y que el responsable de Irosa y Samaca, Rogelio López, ”se ha negado, en todo momento, a llegar a un acuerdo”. Negó que la renta propuesta fuese “desproporcionada”, afirmó que “son comuneros los que reúnen los requisitos que marca la Ley”, añadió que sus representados “no tienen nada en contra de los trabajadores de Irosa ni de Samaca y lamentan esta situación, solo imputable a los representantes legales de las sociedades” y dijo desear que todavía se llegue a “un acuerdo antes del lanzamiento”.
