Dueños del monte y pizarreros exploran vías para evitar el cierre de empresas

En medio de la tensión que vive estos días Valdeorras por el desahucio de las pizarreras Irosa y Samaca, que podría enviar al paro a 250 trabajadores y eliminar otros tantos empleos indirectos, representantes de las empresas y de la Comunidad de Montes de Portela y Trigal (Carballeda de Valdeorras), con la que mantienen el litigio, mantuvieron sus primeros contactos. Lo confirmó el representante legal de los comuneros y abogado, José Antonio Iglesias. “La reunión fue fructífera. Se respetaron las dos partes y se plantearon las pretensiones de la Comunidad, que la empresa debe valorar para suscribir los documentos y desatascar este procedimiento. No se pretende perjudicar a trabajadores”, comentó El cierre de las oficinas y el almacén de Samaca en un recinto con pizarra no frenó la actividad, si bien es realizada con dificultad. “Estamos atendendo aos clientes coa producción”, dijo el empresario Rogelio López. Ayer tarde, la empresa mejoró su situación con los equipos y documentación que sacó con el permiso de los comuneros. En referencia a la pizarra almacenada, José Antonio Iglesias dijo que “hay disposición para que la empesa pueda hacer frente con ese producto a los salarios de los trabajadores, pero la Comunidad tiene que ver resarcidos la merma de sus derechos y los perjuicios que se le han ocasionado”. Su presidente, Odilo Fernández, afirmó que hay “disposición para que los obreros cobren su salario a final de mes y ceder. No tenemos interés en fastidiar a la gente”. Ayer, hubo una junta de la Comunidad de Montes a la que no fue invitada Mercedes Alejandre, que mostró un documento que constata que es comunera desde 2021. “Nunca me puxeron de comunera”, dijo. Alberto Voces, también vecino del Trigal dijo que cuatro vecinos ganaron pleitos tras no ser admitidos al igual que dos expulsados y que los fallos fueron recurridos. Iglesias replicó que “hay un intento de alterar la Comunidad de Montes y la junta rectora con una finalidad: quitar a quienes forman la junta rectora para que esas otras personas decidan desistir de todos los procedimientos y entreguen los terrenos a Irosa y Samaca”. La CEO pide que haya una “pronta y satisfactoria” solución al enfrentamiento El tramo de la travesía barquense comprendido entre el polideportivo de Calabagueiros y Viloira será recorrido hoy, a partir de las 19,00 horas, por una manifestación que reclamará una solución para Irosa y Samaca y a la que se sumarán los 100 socios del Centro Comercial Aberto cerrando sus puertas. Pero el problema traspasó el límite comarcal, de tal forma que la Confederación Empresarial de Ourense emitía un comunicado abogando por una pronta solución al desahucio “por el bien de una comarca enormemente ligada a este sector de actividad y evitar la paralización de estas industrias de las que dependen más de 500 trabajadores, entre empleos directos e indirectos”. Además, mostró su “máximo respeto a las decisiones judiciales” y abogó por “la pronta y satisfactoria resolución de este conflicto para ambas partes, de modo que la actividad de estas empresas pueda reanudarse cuanto antes”, y solicitó la mediación de las autoridades competentes. El problema también captó la atención de las fuerzas políticas. El Grupo Parlamentario Popular se sumó ayer “ao clamor de toda unha comarca” y, mostrando su “máximo respeto ás sentencias judiciais”, dijo confiar en que la negociación de las pizarreras y los comuneros “sexa positiva”. A su vez, la diputada del PSOE Carmen Rodríguez Dacosta invitó a la Xunta a que “se poña o traxe de traballo” para mediar. El BNG pidió al Parlamento crear “unha mesa de negociación”, con las dos partes y la Xunta. Un litigio iniciado por las diferencias sobre los terrenos Los terrenos donde Irosa y Samaca tienen sus naves y oficinas fueron arrendados a la Comunidad de Montes de Portela y Trigal el 23 de enero de 2004, venciendo el contrato de arrendamiento el 31 de diciembre de 2014. Desde entonces, ambas partes no llegaron a ponerse de acuerdo para renovarlo. Estas diferencias se tradujeron en un largo pleito que finalizó con una sentencia de desahucio, que fue recurrida por las pizarreras. Sus representantes consideran que los terrenos que contempla la citada sentencia incluye fincas que son propiedad de Irosa y Samaca, que tienen en ellos buena parte de sus instalaciones, y afirman que así consta en el Registro de la Propiedad. Pero esta circunstancia es rechazada por los comuneros, que insisten en que todos los terrenos donde están ubicadas las naves y oficinas son de la Comuniad de Montes. En octubre de 2020, las pizarreras solicitaban la declaración de utilidad pública e interés social de las instalaciones, recibiendo el visto bueno de la Xunta un año después. Ya en mayo de 2022, la Administración autonómica declaró la necesidad de ocupación. Pero en enero de 2023 trascendía una orden judicial de lanzamiento de los terrenos fijada para el 1 de marzo. Días antes, a principios de febrero, responsables de la empresa daban por cerrado este capítulo al firmar la expropiación forzosa en la Jefatura Territorial de Industria de Ourense, siendo sorprendidos el martes por la orden de desahucio que dictó el Juzgado de O Barco.