“Os postos de traballo seguen en entredito”. En estos términos se refirió ayer el responsable de la CIG en Ourense, Anxo Pérez Carballo, a la asamblea de trabajadores de Irosa, una de las dos sociedades amenazadas de cierre por la orden de lanzamiento judicial fijada para el 1 de marzo, en el conflicto que Irosa y Samaca mantienen con la Junta de Montes de Portela-Trigal y que podría enviar al paro a 300 trabajadores.
Detrás está el arrendamiento de terrenos que ocupan las industrias y que los comuneros se quejan de que esta les adeuda desde hace ocho años. A su vez, las empresas consideraron “desproporcionada” la propuesta de una junta de montes que, según el sindicalista, “ten serias dudas de lexitimación legal porque excluiu á unha maioría de veciños a capricho. Varios recurriron e gañaron, pero a sentencia foi recurrida”
El sindicalista planteó a los trabajadores que “non debemos nin alarmarnos pola linguaxe victorioso do avogado da Xunta de Montes e tampouco confiarnos no optimismo do grupo empresarial”. Un optimismo argumentado en el anuncio de expropiación de los terrenos por la Xunta, fijado para el 7 de febrero, con la cual, los terrenos deberían pasar a las empresas.
“A solución que a poñan as partes enfrontadas. Nós somos as víctimas deste conflito”, dijo Pérez Carballo, añadiendo: “Imos defender os postos de traballo” y “se temos que saír fóra, como fixemos para defender os salarios que se debían ou o convenio, sairemos” .