Los 300 trabajadores de la pizarra de Valdeorras conservarán su empleo

Vecinos de Carballeda de Valdeorras
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Lo anunciaron Irosa y Samaca al confirmar la expropiación de los terrenos que ocupan en Trigal

Los 300 trabajadores de las pizarreras Irosa y Samaca no perderán sus empleos. Al menos así lo afirmaron las sociedades tras recibir una notificación de Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación, que fija el 7 de febrero parar el pago y levantamiento del acta de ocupación de los terrenos, “con lo que el riesgo de perder los 300 puestos de trabajo, que no eran problema de la comunidad de montes, según Iglesias, queda resuelto”, según indicaron. Aluden al abogado de la Junta de Montes de Portela-Trigal, la cual, tras no alcanzar un acuerdo sobre el arrendamiento de los terrenos, inició un pleito que, tras ocho años, propició una orden judicial de lanzamiento de los terrenos. Fijada para el 1 de marzo, según las empresas, quedaría sin efecto al ser expropiados los terrenos.

Las pizarreras dicen que “gracias al esfuerzo y funcionamiento de las administraciones públicas, seguiremos trabajando normalmente, y mucho más tranquilos”. Asumen que con la actual junta de montes, “pleitos no nos faltarán” y apelan a “los poderes públicos correspondientes a hacer todo lo posible para que los nueve comuneros a quienes han arrebatado sus derechos puedan recuperarlos cuanto antes”.

Las empresas apuntan que la Junta de Montes la forman su presidente, Odilo Fernández “y cinco miembros de su familia” y continúan señalando que “de los otros nueve comuneros -que lo son- solo queda una vecina en la lista, porque cinco han tenido que acudir a los tribunales para reclamar sus derechos para ser reconocidos como tales”. Añaden que “a pesar de haber obtenido una sentencia favorable, esta ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial”.

Irosa y Samaca afirman que los comuneros solicitaron los siguientes puntos: “Transferecia de la propiedad de los terrenos donde están las naves de Irosa y Samaca (fincas propiedad de Irosa y Samaca). Retirar el expediente de declaración de utilidad pública, con el compromiso de que no se promoverá nuevamente, estableciendo indemnizaciones, en caso contrario, de 500.000 euros. Suscribir contratos de arrendamiento: uno con Irosa y otro con Samaca. Precio de 4.500 euros por hectárea. Plazo de cinco años, sin ceder a terceros”.

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