La empresa valdeorresa garantiza su actividad y los 250 empleos que mantenía, cerrando un acuerdo con los comuneros en la misma mañana en que fue desalojada por orden judicial
Los trabajadores de Irosa-Samaca volvieron este miércoles a sus puestos de trabajo, tras la firma, ante notario, del acuerdo alcanzado entre la Comunidad de Montes Portela-Trigal y la pizarrera. Tras más cinco horas de incertidumbre, y después de un desahucio ejecutado horas antes en las instalaciones de su empresa, alrededor de las 15,00 horas abrían los candados que hasta ese momento cerraban las puertas de acceso, y, ocupando sus puestos de trabajo, comenzaban a trabajar. Así lo explicó el representante de la CIG, Paco Moral: “Non esperaron a que chegaran cas chaves, abriron as cancillas; os obreiros só queren traballar”.
El día comenzaba temprano en Irosa-Samaca. Alrededor de las 10,00 horas, la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de O Barco se personaba en las instalaciones de la empresa, acompañada de una fuerte presencia de efectivos de la Guardia Civil, para proceder a la ejecución del desahucio programado para este miércoles 29 de noviembre. A su llegada, comunicaba el procedimiento al presidente de la empresa, Rogelio López, ante los ojos de los trabajadores que allí se congregaban, representantes sindicales y comité de empresa. Todo el procedimiento transcurría sin incidentes.
Cierre de la empresa
Representantes de la empresa y de la Comunidad de Montes, mantenían una reunión de casi una hora de duración, con la secretaria judicial, en las oficinas de la empresa. Acto seguido, se procedía al cierre de las dos cancillas que dan entrada a las naves, con sendos candados cuyas llaves eran entregadas a los comuneros. Éstos y los representantes de la empresa, ponían entonces rumbo a la notaría de O Barco, en busca de la firma del acuerdo ya alcanzado el pasado 14 de noviembre, en presencia del mediador del conflicto, el alcalde de O Barco, Alfredo García.
La entrega de llaves, tras la firma en la notaría, se producía alrededor de las 14,30 horas. Acto seguido, comparecían ambas partes ante los medios de comunicación. El abogado de los comuneros, Jose Antonio Iglesias, explicó que en la reunión se habían otorgado “novos contratos de arrendamento das parcelas ocupadas”, además de establecer “unha nova renta das parcelas” junto con “unha indemnización pola ocupación da empresa durante estes nove anos desde que remataran os antiguos contratos de arrendamento en 2014”. Ante las acusaciones de no haber respetado un acuerdo firmado, Iglesias defendió que “sí se respetou a pesar de que alguén se encargou de dicir que non, o que pasa é que era necesario articulalos en función da sentenza do TSXG”. Según explicó, los comuneros nunca cambiaron su voluntad de llegar a acuerdos.
Tras las declaraciones del abogado, Rogelio López, presidente de Irosa-Samaca, matizó que “o señor Iglesias dixo que o acordo non se cambiou e iso non é certo. Fixemos un acordo fai vinte días que contemplaba as dúas posibilidades, pero cando se coñeceu a sentencia, a parte que falaba de qué se faría en caso de gañar a Comunidade de Montes, xa non valeu, as exigencias foron completamente diferentes, e ó final era inevitable o alzamento e tivemos que firmar todo aquelo que nos pediron”. La firma llegaba, finalmente, por dos razones, según relató López. “Eu por nada do mundo quería ver as forzas de orden público, que as respeto moito, dándolle paos aos nosos traballadores”, y en segundo lugar, “quería evitar o peche da empresa, porque si se pecha, non se volve a abrir nunca”.
Se mantiene el empleo
La revocación del desahucio devolvía la esperanza a los 250 trabajadores de la empresa que, con la firma del acuerdo, mantendrán sus puestos de trabajo. Muy distinta era la realidad horas antes, cuando cumplían las órdenes de abandonar sus puestos en las naves de trabajo y presenciaban como la secretaria judicial procedía al cierre de la empresa. Todos permanecían allí, sin abandonar la empresa para la que trabajan, a la espera de saber la resolución del acuerdo. Algunos se emocionaban temiendo que, tras la salida, no hubiese una vuelta al trabajo. Todo el proceso se completaba sin incidentes.
“A firma está feita. Agora podemos respirar, estamos á espera de ter as chaves para poder abrir. É unha alegría, nos quitamos un peso de enriba”. Así expresaba su satisfacción, tras la salida de las partes de la notaría, el representante de la CIG en el comité de empresa, Ramón Doporto. “Nós xa conseguimos o que queríamos, manter os nosos postos de traballo”.
