El director xeral de Enerxía descarta que sea una "deslocalización" y el BNG teme el cierre de la oficina
Iberdrola trasladará a Salamanca "entre seis y nueve" trabajadores de su Centro de Operación de Cuenca (COC) de A Rúa. Este dato fue apuntado por el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, en respuesta a una pregunta que formuló el BNG en el Parlamento autonómico. Los nacionalistas mostraron su preocupación ante el riesgo de "deslocalización" del citado centro, que cuenta con 16 empleados y que está ubicado en la oficina ruesa de administración de la cuenca del río Sil.
Tahoces explicó que la Xunta contactó con la empresa, que le informó del proceso de "reorganización" iniciado, el cual se prolongará durante aproximadamente dos años. Iberdrola también le garantizó el mantenimiento del empleo.
Ángel Bernardo Tahoces aseguró que el proceso iniciado por la eléctrica persigue la "reordenación", debido a la centralización de los servicios en la ciudad salmantino. También insistió en que no es un caso de "deslocalización". El director xeral aseguró que la compañía "va a mantener en A Rúa la oficina de administración de la cuenca del Sil" y que la Xunta reclamó la continuidad de los 16 trabajadores del COC, así como que el impacto del traslado de personal sea el menor posible.
La plantilla de la empresa en las comarcas de Valdeorras, Terra de Trives y Ribeira Sacra es de 150 trabajadores y en 2018 generó un impacto económico en Galicia de 379 millones de euros.
Las respuestas no convencieron a los nacionalistas. Lo demostró la diputada del BNG Noa Presas, quien alertó del riesgo de "destrucción de puestos de trabajo" en una comarca, la valdeorresa, aquejada por la despoblación y desempleo. Esta situación la llevó a reclamar a la Xunta de Galicia que se posicione "del lado de los trabajadores".
Noa Presas recordó que el 7 de mayo, una concentración contra la pérdida de empleo reunió a un centenar de personas en A Rúa. También dijo que el traslado de personal puede acabar en el cierre definitivo de la oficina.
Presas culpó a "un modelo energético basado en la liberalización y desregulación", que se "lucra del impacto ambiental", del problema surgido en A Rúa. Defendió el mantenimiento de los empleos por una empresa que superó los 3.000 millones de euros de beneficios en 2018.
La diputada culpó a Tahoces de asumir el papel de "delegado de Iberdrola", por "si lo acaban cesando", en alusión a que este está siendo investigado por un posible delito de prevaricación ambiental, a raíz de la repaertura de la mina de San Finx, en Lousame. El director xeral contestó que lleva 40 años trabajando y añadió: "¡Yo no necesito de Iberdrola ni de nadie".
