El alcalde critica a los dos concejales 'populares', ya que es el cuarto pleno al que no comparecen
La Corporación municipal de Vilamartín dio luz verde ayer a un presupuesto de 1.540.394 euros para 2016. Las cuentas fueron aprobadas por unanimidad a pesar de que salieron adelante sin los votos del PP. Los dos concejales populares, María Jesusa Candal Jarrín y Santiago Rodríguez Fernández, no asistieron por cuarta vez consecutiva a una sesión plenaria. La inclusión del presupuesto municipal en el orden del día no fue suficiente para su asistencia, con el consiguiente enfado de los concejales socialistas y del edil de Alternativa dos Veciños de Vilamartín. También faltó una edil del PSdeG-PSOE, Eva Arias Aira, aunque esta había escusado su ausencia.
"No sabemos qué pasa con los representantes del PP", comentó el alcalde socialista, Enrique Álvarez Barreiro, nada más comenzar la sesión plenaria. Una vez finalizada, no quiso extenderse en su valoración. "Es el cuarto pleno que no vienen. Ni siquiera al de los presupuestos asisten", protestó el regidor. A su vez, el concejal de Alternativa dos Veciños de Vilamartín (AV), José Pinto Álvarez, comentó que "desde que comezamos, so asistiron a dous plenos. Deberan vir e representar á xente que os votou. Está moi mal", dijo.
El debate de los presupuestos se limitó a la exposición del alcalde y una brevísima intervención del concejal independiente. José Pinto se limitó a exponer: "Son bastante razonables". Inmediatamente, el concejal levantó la mano para aprobar las cuentas socialistas.
El alcalde, Enrique Álvarez, resaltó la inclusión de una partida de 3.000 euros para otorgar ayuda de 600 euros a los recién nacidos, siempre que sus familias demuestren que tienen la vivienda familiar en Vilamartín.
En su intervención, el regidor introdujo numerosas alusiones a su predecesora en el cargo, María Jesusa Candal. La culpó de que al final del año, la deuda del Concello en los bancos va a superar los 400.000 euros. También se quejó de que facturas pendientes del mandato anterior, cuyo importe supera los 100.000 euros, no fueron pagadas por disconformidad con los precios. "Hai un grupo de empresas que non quixo explicar o contido das facturas", comentó Enrique Álvarez.
