Calvos de Randín, declarado zona catastrófica por los incendios: podrá acceder a ayudas del Gobierno

El Gobierno incluye al municipio ourensano de Calvos de Randín entre las zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, lo que permitirá activar ayudas por los daños de los incendios.

Incendio de Calvos de Randín.
Incendio de Calvos de Randín. | Alan Pérez

El concello ourensano de Calvos de Randín ha sido declarado zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, anteriormente conocida como zona catastrófica, tras los incendios registrados en las últimas semanas. La decisión, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, permitirá activar ayudas para compensar los daños ocasionados.

La declaración también incluye al municipio lucense de Quiroga, dentro de un paquete de medidas que afecta a 45 territorios de nueve comunidades autónomas que sufrieron incendios, inundaciones y otros fenómenos adversos entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre.

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que esta decisión permitirá habilitar líneas de ayuda para particulares e instituciones afectadas, complementando las actuaciones de las administraciones autonómicas y locales. "Esta declaración permitirá activar líneas de ayuda para compensar los daños sufridos por personas e instituciones en aplicación del principio de solidaridad entre territorios", ha señalado.

Calvos de Randín, entre los municipios afectados por los incendios

El Gobierno ha incluido expresamente los incendios registrados en Calvos de Randín y Quiroga entre las emergencias que justifican la declaración. Además de Galicia, la medida alcanza a territorios de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y la Región de Murcia. Entre los episodios destacados por el Ejecutivo figuran también el incendio de Tuéjar, en Valencia, que afectó a cerca de 750 hectáreas y dejó dos bomberos forestales heridos, y las intensas lluvias registradas en Cataluña, con acumulaciones superiores a 300 litros por metro cuadrado.

La declaración supone el paso previo para activar mecanismos de apoyo económico destinados a paliar las consecuencias de estas emergencias, aunque todavía no se han concretado las cuantías que corresponderán a cada territorio.

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