La exalcaldesa de Irixo lleva al juzgado la moción de censura

La que fuera hasta el pasado 13 de enero alcaldesa de O Irixo, Susana Iglesias, presentará un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Ourense para impugnar el Pleno en el que fue destituida mediante una moción de censura.

La moción fue promovida por los cuatro ediles del PP en la corporación y las concelleiras Rosa Dalama y Dolores Fariñas, que figuraban como independientes en las listas del PSdeG a las elecciones municipales, siendo Dalama nombrada nueva alcaldesa en la misma sesión plenaria.

Tras la aprobación de la moción de censura ambas fueron expulsadas del grupo municipal del PSdeG en la corporación, notificándose desde la Secretaría de Organización Federal del PSOE al Concello que no podrán utilizar sus siglas y tendrían que formar parte del grupo de no adscritos.

El letrado que representa a Iglesias, Alberto Maceira, explica que la impugnación “está basada en la declaración de las dos ediles como tránsfugas, ya que fueron desautorizadas por su partido, que les advirtió previamente de que tomaría medidas disciplinarias, como así fue, expulsándolas del grupo municipal”.

Señala que “en base al pacto antitransfuguismo impugnaremos el acuerdo plenario y la moción de censura, y pediremos que, como medidas cautelares, se reponga la situación anterior a la moción de censura hasta que haya sentencia”.

Susana Iglesias apunta que con la presentación de este recurso busca “evitar que o concello quede gobernado por catro investigados e dúas tránsfugas, porque as concelleiras de Xuntos polo Irixo, que viñemos a traballar e non cometemos ningunha ilegalidade, estamos na casa mentres eles pretenden dirixir o Concello”.

Iglesias ya presentó con anterioridad una demanda después de que los cuatro concejales del PP y un ex edil de su grupo aprobasen en pleno retirarle las competencias y el sueldo, sobre la cual el Tribunal Contencioso Administrativo dictó una sentencia favorable.

Además, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de O Carballiño abrió una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa, entendiendo que el acuerdo plenario para retirarle las competencias y sueldo era ilegal. Los cinco ediles investigados y la propia Susana Iglesias, deberán comparecer ante el juzgado el próximo 7 de febrero.