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"HIPOTECA BASURA"
La presunta red que conecta un pufo de 588.585 euros en Celanova con el Concello de Ourense ha destapado también un posible encubrimiento que el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome ha mantenido durante diez meses para proteger a los funcionarios implicados, ya que lleva 10 meses ocultando las listas de compatibilidad de funcionarios.
La mecha se prendió en Celanova, como avanzó ayer este periódico, donde una veintena de familias de Coutada-Guadix ha presentado una reclamación de 588.585 euros contra el Concello celanovés. La promotora, Residencial Ruanova, los dejó tirados en 2015 con la obra solo al 46%.
En 2007, el Concello de Celanova, según se recoge en la reclamación patrimonial de los vecinos, en lugar de exigir a Ruanova el aval bancario que mandaba la ley permitió a la promotora constituir una “hipoteca basura” sobre 8 parcelas sin urbanizar, sin tasación previa del arquitecto municipal. Con ese salvoconducto, Ruanova construyó 25 casas, pero al no poder obtener la licencia de primera ocupación, el Concello cayó en el silencio. Ruanova vendió las casas y se esfumó.
Tras años de inacción, el actual alcalde, Antonio Puga, encargó a dedo un informe externo que, según el letrado vecinal, “debiera haber emitido la Secretaría del Concello, pero que quizás no estaba dispuesta a redactar en los términos deseados”. El encargo recayó sobre el despacho Estrado Abogados, pero el informe lo redactaron dos funcionarios de Urbanismo de Ourense: Alfonso Pavón y Bienvenido Fernández, conocido por avalar la polémica discoteca Desörden. Fue la elección perfecta para el Concello celanovés. Su informe, emitido en octubre de 2024, concluía que los vecinos debían asumir el pufo.
Ahora, la reclamación vecinal destapa que Bienvenido era “juez y parte” mediante una telaraña de conexiones. Así, Residencial Ruanova, la promotora fantasma, tenía su sede en la calle Celso Emilio Ferreiro 16 de Celanova, la misma dirección del despacho privado de Bienvenido. Este, a su vez, es socio directo de José Antonio Rodríguez Basalo, el arquitecto que diseñó la urbanización fallida.
Por si fuera poco, Estrado Abogados -que recibió el encargo del Concello de Celanova- comparte sede en Ourense (Progreso 155) con Xestinorte S.L., empresa que comparten Bienvenido y Basalo. Para cerrar el círculo, la factura de 3.630 euros la cobró Bicafer, la empresa familiar de Bienvenido, y el informe se firmó usando el “certificado electrónico de empleado público” que Pavón y Bienvenido usan en el Concello. Un acto que su exclusividad “prohíbe taxativamente” si no media autorización de compatibilidad, según explica el abogado de los vecinos reclamantes.
Mientras, tanto, el gobierno de Jácome ha practicado una política de falta de transparencia y ocultación de información, como demuestran las actas de las juntas de área de este 2025. El BNG lleva diez meses pidiendo la lista de funcionarios con compatibilidad. El 18 de febrero, los nacionalistas pidieron la lista. El gobierno local respondió: “Estamos confeccionando unha listaxe, pero vainos levar un poco de tempo”. Un mes después, el 18 de marzo, reiteró la petición. La respuesta: “O presidente toma nota”. El 17 de junio, volvió a reclamar la lista. Y el 15 de julio volvieron a la carga. La respuesta, la misma: “Dende persoal, estánnolo a mirar”.
Ahora, el BNG exige una junta de área monográfica el 18 de noviembre. El portavoz nacionalista, Luis Seara, recordó que no es un hecho aislado: “As persoas nomeadas figuran tamén noutros casos urbanísticos de gran relevancia social. Na reapertura da discoteca ou a adxudicación da ordenanza das ECCOM -adjudicada al socio de Bienvenido- e o do de Celanova sempre aparecen os mesmos nomes. Como é posible que o goberno local nos negue a información solicitada? Que teñen que ocultar?”
Esta obstrucción política corre paralela a la vía judicial. Una denuncia interpuesta contra Jácome y estos mismos funcionarios por presunta incompatibilidad está pendiente de ser admitida en el Juzgado de Instrucción 1 desde hace meses.
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