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CASAS ABANDONADAS
El Concello de Verea se ha propuesto plantar cara al abandono que padece el medio rural. Tras las limpiezas perimetrales en los núcleos de población llevadas a cabo en los últimos años por parte de las brigadas municipales, así como las iniciativas puestas en marcha para favorecer la compraventa y el alquiler de casas vacías del municipio, el gobierno municipal que preside José Antonio Pérez Valado ha iniciado una nueva medida que tiene que ver con las casas abandonadas distribuidas a lo largo de las once parroquias que conforman el municipio.
Día tras día, recordaba José Antonio Pérez Valado, “tiñamos queixas de xente no concello de que están a vivir entre entullos e cremos que hai que buscarlle arranxo”, comentaba el alcalde nacionalista, que entiende que la solución “non é deixar que podreza todo porque é de dous, catro ou dez herdeiros, a solución non é que quede abandonado molestando aos veciños. Xunto ao dereito da propiedade tamén temos un deber”, dijo tomando ese papel de “forzar” para que se cumplan.
En los últimos cinco años, desde las oficinas municipales han abierto una docena de expedientes por ruina y contabilizado algo más de media docena de denuncias entre particulares. Este verano, sin ir más lejos, se registraron en las oficinas municipales quejas de más de 50 personas por escombros y por maleza dentro de viviendas abandonadas. Una situación que, además de molestias, puede generar daños en las viviendas colindantes, en la salud de las personas que transitan por los caminos por posibles desprendimientos y también de riesgo de incendios debido a la maleza que se acumula en el interior. “E antes de que os veciños anden denunciándose os uns aos outros, decidimos sacar un bando informativo”, dijo sobre un texto que recoge las responsabilidades de los inmuebles en mal estado y donde se informa a los vecinos que tanto el alcalde como los demás concejales del grupo de gobierno están a disposición de los afectados los sábados de 9,00 a 12,00 horas.
El bando fijaba un plazo de tres meses que terminará a final de noviembre, para que los propietarios tomen medidas correctoras con el objetivo de evitar denuncias entre particulares y también de la propia administración local que, tal y como recoge la Lei 2/2016, del 10 de febrero, sobre el suelo de Galicia y el decreto 143/2016, del 22 de septiembre, que otorga competencias en esta materia y, en particular, la posibilidad de imponer multas reiterativas administrativas de 1.000 a 10.000 euros. “Nós non queremos denunciar a ninguén, pero é necesario informar do que pode suceder”, incidía el alcalde.
En este tempo, el bando municipal ha surtido efecto y han sido más de una veintena los propietarios que han llevado a cabo actuaciones en distintas propiedades. “A maioría foron limpezas, algún arranxo e tamén algún alugueiro púxose en marcha”, concluía Pérez Valado.
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