127 voces del Derecho, contra los recortes en el estado de alarma

Cuando el país afronta la quinta prórroga del estado de alarma por otros 15 días, más de cien profesionales vinculados al mundo del Derecho a nivel nacional (hasta 127) han suscrito un manifiesto que se gestó desde Ourense y A Coruña para abrir un debate público sobre los recortes de derechos en el actual estado de alarma. "Este texto pretende abrir un debate social público, sereno e respectuoso, sobre a necesidade de protexer os dereitos fundamentais e as libertades públicas tamén en tempos de pandemia", asegura la abogada ourensana Celia Pereira, recalcando que la protección de la salud puede limitar pero no suprimir derechos como el de reunión, manifestación, expresión, la tutela judicial efectiva (los juzgados llevan dos meses paralizados), entre otros. "Non estamos nun estado de excepción ou sitio", apostilla la letrada que junto al graduado social Xosé Rodríguez Díaz auspiciaron esta iniciativa desde la ciudad.

El pronunciamiento que se dio a conocer ayer, al que se han adherido también la decana del Colexio da Avogacía de Ourense, Pilar López-Guerrero, entre otros abogados ourensanos y profesores de la Universidad de Vigo, recoge "el malestar, temor y preocupación por los injustificados recortes y retrocesos".

Los firmantes entienden que se adopten medidas de "una cierta excepcionalidad" para evitar los contagios pero advierten que en "un sistema democrático debe siempre huir de la tentación de toma atajos, en el nombre de la eficacia pongan en riesgo al esencia misma de la democracia, de la que los derechos fundamentales y libertades públicas son un pilar imprescindible".

Deriva

Y concretan la "deriva": la actividad sancionadora, que califican de "masiva y centralizada" ( Ourense acumula más de 4.000 propuestas de sanción) o el uso expansivo de las habilitaciones legales que afectan a los derechos de manifestación y reunión o los limites a la libertad de expresión. Pereira recuerda, por ejemplo, la manifestación del Primero de Mayo -en coches- que se prohibió en Vigo pero, por contra, se autorizó en Zaragoza.

Estos juristas apelan a los poderes públicos para que garanticen "sin arbitrariedades" los derechos fundamentales, recordando que no pueden ser suspendidos en nombre del estado de alarma.

Para Xosé Manuel Pacho, profesor de Teoría del Derecho en la Universidad de Vigo y abogado ourensano, el estado de alarma "non pode ser unha escusa para que un estado de dereito se convirta nun estado policial", apelando a la "proporcionalidad" en las actuaciones de las autoridades. "A suspensión de dereitos, tal como está ocorrendo, terían sentido nun estado de excepción que no é o presente".

Entiende que las multas, los apercibimientos y las actuaciones de los poderes públicos "deben dirixirse a garantir os dereitos de todas as persoas, como acontece maioritariamente en Alemaña e Francia entre outros".