Progresía institucional

España tiene una peculiar habilidad para convertir las instituciones más serias en escenarios de teatro político. La justicia, que debería ser el último refugio de la imparcialidad, parece haberse transformado en un laboratorio experimental donde ciertos sectores de la progresía ensayan su idea de cómo debe funcionar el Estado… siempre que el Estado funcione a su favor, claro.

Dolores Delgado fue uno de los ejemplos más pedagógicos de este fenómeno. Pasar del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado fue un movimiento tan elegante como un elefante entrando en una cristalería institucional. Legal, sí. Estético, discutible. Prudente, desde luego que no. Aquella operación dejó a muchos ciudadanos con la sensación de que la independencia de la Fiscalía era algo parecido a los Reyes Magos: una tradición bonita que conviene no analizar demasiado para no romper la ilusión.

Pero si hay un nombre que resume el concepto de “juez estrella” convertido en fenómeno mediático es Baltasar Garzón. Durante años fue presentado como una especie de superhéroe judicial, capaz de enfrentarse a cualquier causa que le otorgara titulares internacionales. El problema llegó cuando el Tribunal Supremo recordó que la ley, ese detalle técnico tan incómodo, también debía aplicarse a los jueces. Su condena por prevaricación al ordenar escuchas ilegales entre acusados y sus abogados no fue un simple tropiezo, sino un recordatorio bastante contundente de que el fin no siempre justifica los medios, por muy nobles que algunos consideren esos fines. Resulta que el Estado de Derecho tiene la molesta costumbre de exigir reglas para todos, incluso para quienes se consideran moralmente superiores.

Álvaro García Ortiz, cuya etapa como Fiscal General del Estado terminó envuelta en polémicas, cuestionamientos públicos y condena por revelación de secretos, representa otro capítulo de esta saga institucional. Su gestión fue observada por muchos como un ejercicio de equilibrismo entre la función constitucional del Ministerio Fiscal y la sospecha constante de proximidad al poder político. Las controversias relacionadas con el manejo de información sensible y la percepción de alineamiento gubernamental terminaron generando una mezcla de desconfianza y desgaste institucional que no necesitaba de sentencia judicial para producir efectos devastadores en la credibilidad del sistema. A veces no hace falta que una institución sea parcial; basta con que lo parezca para que pierda autoridad.

El daño provocado por esta dinámica no suele aparecer en titulares grandilocuentes

Y en el plano político aparece Félix Bolaños, que ha asumido el papel de ingeniero jefe de la remodelación judicial española. Bajo el envoltorio de modernización y democratización, sus iniciativas han sido interpretadas por muchos juristas como un intento de rediseñar el equilibrio de poderes con la sutileza de quien ajusta un mueble a martillazos. El Consejo General del Poder Judicial lleva años convertido en un mercadillo político donde los partidos negocian sillones como si fueran cromos repetidos. Todo en nombre de la democracia, por supuesto, ese concepto tan versátil que sirve lo mismo para defender la separación de poderes que para diluirla si conviene.

El fenómeno podría resumirse en lo que algunos denominan la “progresía institucional”: una corriente que suele presentarse como la encarnación de la superioridad moral mientras observa las reglas del sistema con el mismo entusiasmo que un adolescente observa el horario escolar. El argumento suele ser que las instituciones deben adaptarse a los nuevos tiempos, lo cual es perfectamente razonable, salvo cuando esa adaptación consiste en someterlas al calendario electoral o a la conveniencia del gobierno de turno.

El daño provocado por esta dinámica no suele aparecer en titulares grandilocuentes. Es más silencioso y, por eso, más peligroso. Se manifiesta cuando una parte creciente de la sociedad empieza a sospechar que la justicia no actúa como árbitro neutral, sino como jugador con camiseta política. En ese momento, las sentencias dejan de ser resoluciones jurídicas para convertirse en munición ideológica. Y cuando la justicia se convierte en un campo de batalla, todos los ciudadanos terminan siendo daños colaterales.

España no necesita jueces estrella, fiscales con pasado ministerial ni reformas judiciales diseñadas en despachos políticos con calculadora electoral. Necesita algo mucho más aburrido y menos rentable mediáticamente: instituciones independientes, discretas y sometidas exclusivamente a la ley. Precisamente por eso resulta tan difícil de conseguir.

Porque la justicia imparcial no da titulares, no genera aplausos militantes y no permite construir relatos heroicos. Solo garantiza derechos. Y, al parecer, eso se ha vuelto demasiado poco espectacular para algunos.