Más de 3.600 trabajadores públicos de Ourense, en vilo por su puesto

Se avecina marejada en el sector público. La sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado 11 de mayo redefine las reglas para miles de trabajadores públicos ourensanos en situación de temporalidad. Esta resolución, alineada con el mandato de la justicia europea, impacta directamente en una provincia donde el empleo público representa un pilar económico fundamental, con más de 21.000 efectivos.

El fallo establece un criterio restrictivo para el acceso directo a una plaza fija solo para aquel personal que, sufriendo abuso de temporalidad -entendido como el encadenamiento de contratos para cubrir necesidades permanentes de la Administración-, hubiera aprobado en su día una oposición para plazas fijas sin obtener puesto por falta de cupo.

Indemnizaciones a la vista

Para el grueso de los trabajadores ourensanos que no cumplen este requisito pero sufren abuso, la sentencia ofrece una compensación económica que puede alcanzar los 10.000 euros. Este pago está destinado a reparar los daños morales y la incertidumbre de años de precariedad. No obstante, este escenario implica que la gran mayoría de afectados serán efectivamente indemnizados pero finalmente despedidos si no logran superar un futuro proceso selectivo.

En el mapa estadístico provincial, los datos sitúan el foco de conflicto en una cifra estimada de 3.650 afectados. Los registros del Gobierno identifican a 1.027 laborales temporales de la Xunta, una veintena de la Administración del Estado y a unos 2.600 operarios de concellos y Diputación en situación de abuso, dada la elevada tasa de temporalidad local, que roza el 50%. Aunque habrá un pequeño colectivo que logre plaza fija por haber aprobado previamente, esta no será en absoluto la norma en Ourense, donde la escasez de convocatorias de plazas en las últimas décadas hace que muy pocos trabajadores puedan cumplir este requisito.

El fallo no afecta a todos por igual, marcando una frontera clara entre cuerpos jurídicos, ya que se dirige exclusivamente al personal laboral, competencia de la Sala de lo Social. Esto deja fuera, por el momento, a los colectivos masivos de la provincia sujetos al derecho administrativo, como los 2.806 trabajadores estatutarios de sanidad (médicos y enfermeros) y los 1.653 funcionarios interinos de la Xunta en Ourense, quienes dependen de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que aún no ha unificado criterio tras este dictamen.

Desde CCOO, Javier Lareu, coordinador del sector de Administración autonómica, es tajante al denunciar la inacción de los gestores públicos. Lareu critica que las multas impuestas no sirven de nada si no hay asunción de responsabilidades: “A Administración remata pagándose a si mesma con fondos públicos; é un movemento de diñeiro dun peto a outro que non soluciona a fraude”. El portavoz advierte de que las administraciones están forzando a los empleados a un calvario innecesario: “Estamos ante un colapso inminente nos xulgados, porque obrigan a xente que leva vinte anos traballando a iniciar unha carreira de fondo xudicial individual”.