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APROPIACIÓN INDEBIDA
La fiscal y la empresa Riader Investments S.L., con sede en Cataluña, le acusan de quedarse con los 17.415 euros, la suma de las 4.500 toallas compradas en Portugal y las comisiones obtenidas tras la venta a terceros clientes, una labor en la que intervino el inculpado como intermediario. Ambos se habían conocido con motivo de un concurso de acreedores en Verín aunque nunca llegaron a verse en persona. Su comunicación era vía correo electrónico o grupos de WhatsApp.
El acusado no oculta que recibió las toallas que había adquirido su “socio” a la mercantil Shoes&More, las vendió y se quedó con el dinero, aunque no habla de apropiación sino de “retención”. Procedió de esa manera -explicó- porque intervino en otros negocios (en una operación comercial de compra-venta de mascarillas durante la pandemia puso en contacto a un proveedor chino con el empresario catalán) y no le abonaron las comisiones comprometidas, aunque el gerente de Riader niega ese acuerdo
“Quiero que se hagan las cuentas por todos los negocios en los que intervine”, aseguró Ángel B.G. en su declaración como inculpado, realizada en último lugar, tras los testigos, a petición de su abogado defensor.
La fiscal reclamó una condena de año y nueve meses de cárcel por apropiación indebida ya que, según argumentó, no hay ningún contrato que acredite esa deuda de los denunciantes con el inculpado.
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