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Un nuevo grupo de 25 peruanos aterrizó ayer en Galicia, concretamente en el aeropuerto coruñés de Alvedro, para instalarse posteriormente entre Allariz y Baños de Molgas con el objetivo de formarse como conductores profesionales y suplir la carencia de trabajadores en el sector del transporte. Además, se espera que la próxima semana llegue otro centenar a la provincia, que se distribuirán en diferentes localidades con problemas de despoblación.
Ourense sufre un grave problema de falta de camioneros y conductores de autobús. La media edad de los profesionales de este sector es de 55 años y los datos apuntan a que un tercio se jubilará en los próximos cinco años.
Introducirse en la industria es dificultoso: aprobar todos los permisos para optar a un puesto de trabajo implica un mínimo de 4.000 euros y, por lo menos, un año de formación. Una condición que, como constatan las autoescuelas, frena el acceso de jóvenes ourensanos al sector. Eso sí, tras esa preparación es del todo improbable acabar en paro.
La empresa Nukloo, en colaboración con Apetamcor y la Xunta, buscó una solución para paliar -al menos de forma temporal- la falta de estos profesionales. La idea, que ya están llevando a cabo, es traer a hombres y mujeres de Perú -un país con permisos de conducción compatibles con los españoles-, formarlos e introducirlos en el mercado laboral.
El pasado mes de septiembre, otros 20 peruanos se instalaron en Baños de Molgas para comenzar las clases y comenzar a trabajar a principios de año. Antes, en agosto, llegaron 40 conductores también procedentes de Perú, estos ya formados, que se instalaron en Allariz.
Además de los 25 que aterrizaron ayer para desplazarse a la provincia, otras zonas de Galicia como Lalín, Abadín o Arteixo también recibieron a trabajadores procedentes del país sudamericano.
La empresa Nukloo lamenta que “mientras otras comunidades tardan 19 días en tener la resolución de extranjería para traer a los trabajadores, en Galicia esperamos hasta seis meses”. El presidente, Diego Carbajosa, explica que “está todo organizado para personas físicas pero no para empresas. Por tanto, surgen problemas con las oficinas de extranjería provinciales, jefaturas de tráfico y Xunta; sin duda, desigualdad y pérdida de competitividad de empresas gallegas”, añade.
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