Ángel María Fernández: "Si siguen las bajas, el turno de oficio a corto plazo puede estar en cuestión"

El turno de oficio vive uno de sus momentos más delicados tras el goteo continuo de bajas de los abogados que prestan el servicio como medida de presión para obtener unas mejores condiciones laborales. Dichas renuncias han dejado a la justicia gratuita ourensana con menos de la mitad de los profesionales que tenía hace un mes. Por ello, Ángel María Fernández, acompañado de Gabriela Prol de Francisco, ambos miembros de la junta de gobierno del Colexio da Avogacía, reclaman, en nombre de la entidad, soluciones urgentes a la Xunta e inciden en lo esencial que es este servicio para la ciudadanía.

¿Cuál es el estado actual del turno de oficio en Ourense?

Es un conflicto larvado que tenemos desde hace mucho tiempo con las retribuciones y la dignificación de la profesión.

¿Cómo están afectando las renuncias?

Las bajas afectan al servicio indudablemente. El problema que nosotros queremos poner encima de la mesa es que el modelo de justicia gratuita está en cuestión porque no se puede obligar a nadie a trabajar a pérdidas. Esto no es un problema entre compañeros, es un problema de presupuestos. Si el servicio de asistencia jurídica gratuita es uno de los mejores valorados en el Observatorio de la Justicia año tras año, ¿por qué la Xunta de Galicia y el resto de consejerías del Estado español no apuestan por la justicia gratuita dignificando el trabajo de los abogados de oficio y retribuyéndolos adecuadamente?.

¿Si continúa esta situación podría estar en riesgo el servicio?

Lógico, no se puede obligar a nadie a trabajar a pérdidas. Pongo mi ejemplo, si tengo que ir al cuartel de Santa Mariña, no está muy lejos, pero para ir hasta allí o cojo un bus, o un taxi o un coche. En cualquiera de los tres supuestos la Xunta no me los paga. La gente dirá: “Ángel, son tres euros”, pero son mis tres euros. Tres míos, tres de Gabriela y de cada uno de los colegiados es mucho dinero y eso para la Xunta es un tema de presupuesto, o apuesta por el servicio o no apuesta.

¿El servicio en Ourense está en riesgo?

Se está atendiendo gracias a que la gente que todavía está prestando servicio hace un esfuerzo muy grande y ya veremos qué pasa en agosto. El servicio ese mes siempre fue de adscripción voluntaria y este año no sé qué va a pasar, pero también tenemos que prestar el servicio de guardia y asistencia al detenido.

¿Hay temor a que en agosto no se pueda cubrir ese servicio?

Podría ocurrir. La Xunta es conocedora de toda esta situación, las bajas en Galicia no creo que paren y lo que habrá que analizar es la base del conflicto. Ahora que el Ejecutivo autonómico tiene que aprobar un presupuesto para 2025, tendrá que apostar por el servicio de justicia gratuita y dotarlo de más presupuesto.

¿En qué punto está la negociación con la Xunta?

Nunca se ha dejado de negociar. Año tras año hemos venido hablando con el Gobierno gallego sin parar. Hemos conseguido mejoras o que se paguen cuestiones que antes no se retribuían, pero esto es insuficiente. Si echamos la vista atrás, del 2010 al 2018, el cómo se paga el turno de oficio estuvo congelado. Después hubo unas subidas pírricas y en el 2021 se incrementó un 19% de golpe. Toda la pérdida de poder adquisitivo que se tuvo durante 11 años es una deuda histórica que se tiene con el turno de oficio. No es un problema entre compañeros, es un problema de presupuesto y de apostar por el modelo de servicio.

¿Hubo algún avance los últimos meses?

Se van a firmar convenios fuera de la ley de asistencia jurídica gratuita. Es decir, en materia de justicia gratuita nos remiten al convenio firmado, pero hay cuestiones que están fuera de la ley y que se ha llegado a un acuerdo para que se paguen. Por ejemplo, los desplazamientos fuera del municipio o la defensa de personas jurídicas.

¿Cuál es el déficit del Colexio?

No tiene un agujero de 260.000 euros. El año más alto a nivel presupuesto fue en 2023 con 246.000 euros y de ese dinero la Xunta nos pagó por gastos de infraestructura y por servicio de orientación jurídica 128.585 euros. Esto quiere decir que el pasado año el déficit fue de 117.000 euros más o menos. Nosotros lo que pedimos a la Xunta es que, si el coste por expediente es de 46,21 euros y el Ejecutivo me ha pagado 24,13, lo lógico es que lleguemos lo más cerca posible de esos 46,21 euros. Veremos qué pasa con la negociación cuando se ponga encima de la mesa que queremos que se abonen todos los trabajos que se realicen, la disponibilidad por guardia o los desplazamientos.

¿Qué posición mantienen respecto a la mutualidad?

Nosotros estamos de acuerdo con que se implemente una pasarela que permita movilizar los fondos de la mutualidad a la Seguridad Social. Aquí volvemos a topar con los políticos. La ministra del ramo dijo que se haría una pasarela al RETA para todos los compañeros que se dieron de alta antes de 2005 y que estén en una situación de especial vulnerabilidad. Ni es pasarela para todos ni sabemos en qué condiciones se va a producir. El Colexio de Ourense ha comunicado que quiere esa pasarela RETA para todos los compañeros que voluntariamente quieran movilizar sus fondos de la mutualidad a la Seguridad Social.

¿Por qué parece que no hay unión con el sindicato Venia?

No es que haya o no unión, el sindicato Venia persigue su propia representatividad. Nosotros estamos aquí y dentro de unos meses no estaremos porque somos cargos electos con funciones directivas en la abogacía. Venia pretende sustituir la representatividad del Colexio por la suya propia y negociar directamente con la Xunta, pero el Ejecutivo se dirige a sus interlocutores lógicos que son los representantes de los colegios gallegos.

¿Confían en que habrá un acuerdo a corto plazo?

No creo que hablando de una negociación presupuestaria con una administración sea un objetivo a corto plazo, pero creo que más pronto que tarde tendremos que buscar todos una solución al problema. Cuando hablo de todos me refiero al sindicato Venia, a los colegios, al Consello Galego, a la Xunta de Galicia y a los compañeros de base, que son los que deciden si sumarse o no a la huelga.

¿Cuánto tiempo puede aguantar el turno sin haber un pacto?

El escenario que tenemos encima de la mesa es que se puedan seguir produciendo bajas y nosotros se lo comunicaremos al Consello Galego y a la Xunta. Prestaremos el servicio mientras podamos y, si llega un momento en que no podemos hacerlo, el problema será mucho mayor y la necesidad de solucionarlo por todos los implicados va a ser mucho más urgente. En estos momentos, se está dando el servicio porque hay mucha voluntariedad. Por eso nosotros exhortamos a la Xunta para que atienda el problema y como mínimo tenga un gesto de pelear por el turno de oficio.

Ese momento de que no se puede prestar el servicio, ¿está cerca?

El servicio ahora mismo está muy tensionado y, de continuar el goteo de bajas, a corto plazo puede estar en cuestión.